En el Consejo de Ministros del viernes 5 de agosto, el presidente Gustavo Petro sorprendió con un anuncio que abrió una nueva controversia en torno a la televisión pública en Colombia: ordenó al ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Julián Molina, iniciar la licitación del Canal 1.
“El ministro [TIC] tiene la orden de empezar la licitación del Canal 1, una nueva forma de manejar la televisión, que no es del gobierno, pero tampoco del potentado económico. Debe ser de la juventud, desde la gente, de la cultura, del arte, etcétera”, dijo Petro.
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La declaración generó una inmediata reacción en sectores políticos, especialmente en el Centro Democrático, que interpretó la decisión como un intento de intervenir un medio independiente, con posibles riesgos para la libertad de prensa y el pluralismo informativo en el país.
“Imponer mordazas y perseguir la televisión privada es propio de dictaduras y eso es exactamente lo que intenta hacer el gobierno de Gustavo Petro con Canal 1”, afirmó el partido.
El pronunciamiento insiste en que la concesión que ampara la operación del Canal 1 fue firmada hasta 2037, por lo que cualquier intento de licitación antes de esa fecha sería, según la colectividad, ilegal. “(...)el presidente Petro ordenó al Ministerio de las TIC abrir una licitación para tumbarla y entregársela a quienes él decida. Un atropello sin sustento legal y violatorio de la Ley 1978 de 2019”, señaló la declaración oficial.
Más allá del aspecto jurídico, el partido enfatizó en lo que considera el trasfondo político de la medida. “A 357 días de que termine su gobierno, el afán es claro: apoderarse de un canal de televisión para imponer propaganda oficial, silenciar críticas y manipular la opinión pública, como ha convertido el sistema de medios públicos RTVC”.
El Centro Democrático además advirtió sobre las implicaciones económicas de este tipo de decisiones: “Lo que está en juego no es solo Canal 1, sino la libertad de prensa y la democracia en Colombia. Está en juego, además, el dinero de los colombianos ante la multimillonaria demanda que se anticipa contra el Estado y que tendrá que ser pagada con recursos del erario público”.
Finalmente, la colectividad cerró su pronunciamiento con una postura de rechazo tajante a lo que consideran persecución política contra los medios: “Nos oponemos y rechazamos toda forma de persecución contra Canal 1 o cualquier otro medio de comunicación en Colombia, pues la libertad de prensa es pilar de la democracia”.
Una concesión que va hasta 2037
El centro del debate está en la vigencia de la concesión que respalda al Canal 1. El presidente Petro ha sostenido que esta termina en 2027, pero la información oficial contradice esa versión.
Ramiro Avendaño, presidente del Canal 1, explicó: “La concesión de Canal 1 está vigente hasta mayo del 2037 por ley de la República. Además, desconocemos las intenciones políticas detrás del matoneo sistemático con un medio libre y plural que defiende la democracia, la libertad de prensa y representa los intereses de todos los colombianos”.
El contrato actual fue adjudicado en 2017 mediante licitación pública adelantada por la Autoridad Nacional de Televisión (Antv). En ese proceso resultó seleccionado Plural Comunicaciones SAS, sociedad conformada por CM&, NTC, RTI y HMTV1, que pagó más de 117.000 millones de pesos para operar el canal.
La vigencia fue posteriormente actualizada con la Ley 1978 de 2019, que en su artículo 12 definió que los permisos sobre el espectro radioeléctrico pueden extenderse hasta por 20 años. Así, el plazo establecido para Canal 1 concluye el 30 de abril de 2037.
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