Hay temor en el sector transporte intermunicipal en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca: pese a que la Terminal de Transporte de Cali anunció el restablecimiento de los despachos hacia Florida (Valle) y Corinto (Cauca), la realidad para quienes operan estos buses dista mucho de la normalidad: el temor persiste y las amenazas se han convertido en parte de la rutina diaria.
La presión, que según las denuncias es ejercida por el Frente Dagoberto Ramos, de la disidencia de “Iván Mordisco”, se extiende más allá de la zona rural de Corinto. Según testimonios recogidos por Blu Radio, los conductores y propietarios de buses que cubren rutas hacia Toribío, Corinto, Miranda y hasta Florida enfrentan un esquema de extorsión sistemática.
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Los grupos armados no solo exigen pagos, sino que han establecido cuotas mensuales que oscilan entre 800.000 y un millón de pesos por cada vehículo. El monto, denunciado por uno de los afectados, representa una carga insostenible para quienes ya lidian con la piratería y la informalidad en el sector.
“Lo que es Toribío, Corinto, Miranda y hasta Florida, Valle nos tienen amenazados. Hay muchas dificultades porque están llamando ya directamente a los propietarios y conductores para amenazarlos y colocarlos una cuota mensual que oscila entre 800.000 y un millón de pesos mensuales por vehículo”, indicó al citado medio uno de los conductores afectados, a quien se le reservó su identidad por seguridad.
Los disidentes “marcan” los buses
El conductor también expuso que hay un mecanismo de control impuesto por los disidentes, que incluye la marcación de los buses con grafitis, una especie de “permiso” visual con el que autorizan el tránsito por la zona. La eliminación de estas marcas no es una opción: los conductores advierten que borrar los grafitis puede desencadenar represalias, incluida la destrucción del vehículo.
“Pintan semanalmente 4 o 5 vehículos y lo más seguro allá es que empiecen a quemarlos. Los propietarios dicen que no es rentable mantener las rutas, primero por la piratería e informalidad, pero además los grupos armados pretendiendo extorsionar plata que no hay, les toca parar gradualmente por el mismo susto”, añadió.
La comunidad de Cali y Florida observa con preocupación la posibilidad de que más rutas sean canceladas, lo que agravaría el aislamiento de la región y afectaría la movilidad de miles de personas. La situación revela que el restablecimiento formal de los servicios de transporte no ha logrado disipar el miedo ni garantizar condiciones mínimas de seguridad para quienes dependen de estas rutas.
La extorsión, la amenaza constante y la falta de garantías han convertido el simple acto de conducir un bus en una actividad de alto riesgo en el norte del Cauca.
Las citaciones que las disidencias harían a los conductores a un monte
Hasta el miércoles 13 de agosto persistía la suspensión del servicio de transporte intermunicipal entre Cali, Florida, y Corinto, que ofrecía salidas cada ocho minutos desde las 4:30 a. m. y que dejó a más de 600 personas sin la posibilidad de desplazarse entre estos municipios y la capital del Valle del Cauca.
La medida, de carácter temporal, responde a la presión ejercida por los grupos armados ilegales que, según la denuncia recogida por Blu Radio, convocaron a los choferes a una zona montañosa en la frontera entre los departamentos de Valle y Cauca, donde al parecer intentaron imponerles condiciones para las empresas transportadoras en las que trabajan para permitir su operación en la zona.
El impacto de esta suspensión se refleja de manera directa en la vida cotidiana de los habitantes de Florida y Corinto. Trabajadores que dependen del transporte intermunicipal para cumplir con sus obligaciones laborales en Cali se han visto imposibilitados de llegar a sus empleos.
Además, la interrupción del servicio afecta a quienes tenían citas médicas programadas en clínicas y hospitales de la ciudad durante la semana, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de la población.
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