Una nueva crisis diplomática estalló entre Perú y Colombia, esta vez por un conflicto territorial en la isla Chinería, ubicada en el distrito de Santa Rosa de Loreto, una zona estratégica del triángulo amazónico donde confluyen las fronteras de Perú, Colombia y Brasil. El detonante fue la detención de dos ciudadanos colombianos que, según las autoridades peruanas, realizaban actividades de georreferenciación sin autorización.
En respuesta, el Gobierno del Perú emitió un comunicado oficial de protesta, en el que no solo rechaza las recientes declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, sino que confirma la apertura de una investigación penal contra los detenidos por el delito de atentado contra la soberanía nacional.
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Los colombianos, identificados como Jhon Wilington Amias López y Carlos Fernando Sánchez Ortegón, fueron interceptados por efectivos de la Policía Nacional del Perú en la isla Chinería, donde se encuentra el pueblo de Santa Rosa.
Ambos estaban realizando labores técnicas con equipos GPS cuando fueron sorprendidos por las autoridades. Según la versión de los detenidos, fueron enviados por el Gobierno colombiano para realizar mediciones, sin saber que requerían un permiso especial para operar en territorio peruano.
“Solo nos enviaron a tomar mediciones, no sabíamos que era necesario un permiso especial”, declaró uno de los topógrafos a medios locales, restando intencionalidad política a sus acciones.
Sin embargo, para el Gobierno del Perú, estos hechos no son aislados ni inocentes. En su comunicado del 13 de agosto, la Cancillería expresó su “más firme y enérgico rechazo a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, que pretenden desconocer la soberanía peruana sobre la isla Chinería”, y denunció una “sucesión de actos de provocación” por parte de ciudadanos colombianos en la zona fronteriza.
La reacción de Petro: “Es un secuestro”
El jefe de Estado colombiano no tardó en responder. A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario calificó la detención de los dos contratistas como ilegal y afirmó que se trató de un “secuestro”. “Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo al Protocolo de Río de Janeiro”, añadió, cuestionando la legitimidad del reclamo territorial peruano.
Las palabras de Petro avivaron la tensión diplomática, pues según Perú, la soberanía sobre la isla está plenamente definida en los tratados internacionales firmados hace más de un siglo: el Tratado de Límites y Navegación Fluvial de 1922, las actas de la Comisión Mixta Demarcadora de 1928-1930 y el Protocolo de Amistad y Cooperación de Río de Janeiro de 1934. De acuerdo con estos instrumentos, la isla Chinería y el distrito de Santa Rosa son parte del territorio peruano.
Investigación penal y llamado a la cooperación
La Cancillería del Perú confirmó que el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra los ciudadanos colombianos por el delito de atentado contra la soberanía nacional. Aunque no se ha detallado la posible duración del proceso, las autoridades indicaron que se llevarán a cabo “una serie de diligencias pertinentes” en el marco del procedimiento penal.
En paralelo, Lima instó formalmente al Gobierno de Colombia a brindar cooperación para frenar “este tipo de acciones que no contribuyen a la histórica vinculación armónica que existe entre los pueblos fronterizos del Perú y de Colombia”. El pronunciamiento también deja claro que el Estado peruano reforzará su presencia en la zona limítrofe, como parte de una estrategia para hacer respetar su integridad territorial.
Efectivos del Ejército del Perú y la Marina de Guerra fueron desplegados en Santa Rosa, donde se están realizando labores de control fluvial, revisión de embarcaciones y verificación de identidad a transeúntes.
Reunión bilateral
En medio de la escalada diplomática, ambos gobiernos tienen prevista una reunión técnica binacional el 11 y 12 de septiembre en Lima, en la que se abordarán temas fronterizos. La cita cobra ahora una relevancia crucial para intentar reducir la tensión y clarificar la interpretación de los tratados que definen la soberanía sobre la isla.
Uno de los factores que complica aún más la situación es el constante cambio en el cauce del río Amazonas, que genera ambigüedad en las delimitaciones fluviales y dificulta la aplicación precisa de los acuerdos históricos.
Hasta entonces, “el Perú permanecerá vigilante y hará respetar su integridad territorial”, concluye el comunicado.
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