El líder social Manuel Rangel, reconocido por su labor en defensa de los derechos humanos en La Guajira, manifestó en entrevista con W Sin Carreta su preocupación por lo que considera una ausencia de medidas efectivas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
De acuerdo con su relato, las solicitudes formales que ha presentado Rangel a esta entidad para resguardar su vida no han tenido la respuesta que esperaba, a pesar de que las amenazas en su contra se han mantenido e incluso incrementado.
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“Ser líder social, ser líder defensor de derechos humanos es un gran reto en los territorios y uno siente la desconexión completa por parte de la institucionalidad al momento de unos solicitar la protección del Estado, hemos hecho en varias oportunidades el llamado a la Unidad Nacional de Protección”, declaró en el espacio radial.
Rangel explicó que, en respuesta a sus requerimientos, la UNP le entregó un chaleco antibalas y un botón de pánico. No obstante, afirmó que nunca se le asignó un escolta, recurso que solicitó reiteradamente para poder cumplir sus funciones en condiciones de seguridad. “Nunca me asignaron un hombre de protección, lo cual solicité en varias oportunidades, lo dejan en desventaja uno al momento de ejercer su liderazgo social donde ejercemos un proceso investigativo para denunciar todos esos movimientos corruptos que se presentan en el departamento, pero que también las mafias del narcotráfico que instrumentalizan a niños”, expuso.
El dirigente social también relató que su trabajo se centra en investigaciones comunitarias que buscan visibilizar y denunciar prácticas de corrupción y actividades ilícitas en la región. Según señaló, su labor ha incluido evidenciar presuntos vínculos de redes del narcotráfico con la utilización de menores de edad, un hecho que, asegura, ha sido motivo de hostigamientos y amenazas directas.
En el diálogo con W Radio, Rangel mencionó que recientemente recibió intimidaciones atribuidas al Clan del Golfo. Estas advertencias, según él, están relacionadas precisamente con sus denuncias sobre el reclutamiento y uso de niños de menos de 14 años en actividades ilegales dentro de la zona. El líder expresó que, pese a la gravedad de estas circunstancias, las autoridades responsables de su protección no han implementado acciones adicionales que fortalezcan su esquema de seguridad.
El testimonio de Rangel se suma a un contexto nacional complejo para la defensa de derechos humanos. Según datos de la Defensoría del Pueblo, citados en la misma emisora, desde enero del presente año han sido asesinados 69 líderes sociales y se han registrado 22 masacres en el país. Estos indicadores han motivado llamados de diferentes sectores para reforzar la respuesta institucional frente a la situación de seguridad que enfrentan quienes ejercen liderazgo social y comunitario.
El caso de Rangel, que involucra tanto amenazas de grupos armados ilegales como denuncias de corrupción, refleja las dificultades que enfrentan líderes en regiones con presencia de economías ilícitas. La Guajira, por su ubicación estratégica y las problemáticas históricas en materia de gobernabilidad y control territorial, ha sido señalada por organizaciones nacionales e internacionales como una zona de alto riesgo para defensores de derechos humanos.
En su intervención, el líder guajiro reiteró que su intención es continuar con su labor, pero advirtió que sin un esquema de protección adecuado, las posibilidades de ejercer su trabajo de manera segura se reducen drásticamente. Aseguró que seguirá insistiendo ante la UNP para que sus solicitudes sean evaluadas con base en el nivel de riesgo que enfrenta actualmente.
La Unidad Nacional de Protección, por su parte, no ha emitido en W Radio una respuesta específica sobre este caso. Sin embargo, en pronunciamientos previos, la entidad ha indicado que sus decisiones se fundamentan en estudios técnicos de riesgo y en la disponibilidad de recursos para implementar medidas de seguridad.
Mientras tanto, Rangel sostiene que continuará denunciando las situaciones que afectan a las comunidades, en especial aquellas relacionadas con el reclutamiento de menores, pese a las amenazas recibidas. Su llamado, reiterado en la entrevista, es a que el Estado garantice que los líderes sociales puedan desarrollar sus actividades sin que su vida e integridad se vean comprometidas.
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