
El abogado y político Enrique Gómez cuestionó el accionar de las autoridades en la investigación del asesinato contra Miguel Uribe Turbay, y señaló que hay muchas incógnitas alrededor de este caso que tiene conmocionado a todo el país.
“Es lamentable, casi que ridículo, el desarrollo del operativo de protección en el parque El Golfito, en Modelia, en el cual los guardaespaldas abandonaron la espalda del protegido y la policía del cuadrante, en refuerzo programado, jugaba con sus celulares a decenas de metros de Miguel Uribe“, señaló.
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Gómez en su publicación enumeró una serie de inconsistencias en el magnicidio contra Miguel Uribe desde el primer momento en que fue atacado el 7 de junio de 2025.
“La inexplicada pérdida del celular del asesino como primer fracaso de la investigación; la tolerada injerencia de la fiscal general de la Nación, de agentes de la DNI, la UNP y Casa Militar en la investigación por más de una semana; la frescura indignante de los imputados al rechazar cargos”, afirmó.

Según el abogado, han desviado y saboteado la investigación para beneficios políticos causando incertidumbre, afirmando que en el país no solo se compra la muerte sino se vende la impunidad.
“Mataron para sembrar las bases de impunidad que necesitan. Desviaron y sabotearon la investigación para beneficiarse políticamente de la ambigüedad e incertidumbre en la autoría material como intelectual. De seguro vendrá ahora el circo de las hipótesis, las filtraciones y las desviaciones que hacen parte de la “vuelta”“, señaló.
Enrique Gómez contra Gustavo Petro: “¿Qué buscaba con decenas de horribles trinos contra Miguel Uribe"
La muerte del senador Miguel Uribe Turbay continúa suscitando debates en la política colombiana.
Esta vez, Enrique Gómez Martínez, director del partido Salvación Nacional y sobrino del asesinado líder político Álvaro Gómez Hurtado, lanzó críticas directas al presidente Gustavo Petro, cuestionando tanto sus respuestas públicas al hecho como la gestión del Gobierno ante la seguridad de figuras amenazadas.
El presidente Petro anunció en acto público que procederá judicialmente contra quienes, según él, calumnien o insinúen su vinculación con el asesinato de Uribe Turbay.
“He decidido defenderme porque un presidente no debe admitir el delito. Delito que, además, está buscando más crímenes por odio”, manifestó el jefe de Estado durante la ceremonia de ascenso de generales de la Policía Nacional en Bogotá.
Petro agregó que llevará las denuncias correspondientes ante la Corte Suprema de Justicia para dejar claro que no permitirá “calumnias” que carecen de pruebas y persiguen intereses electorales.
Además, calificó como inadmisible el uso político de la tragedia: “Me ha dado asco, hasta vomitar, ver cómo a un ser humano en condiciones de indefensión completa lo han manipulado políticamente y solo para ganar unos votos; otros, no él”.
Estas afirmaciones generaron una rápida reacción entre sectores opositores. Enrique Gómez Martínez insistió en la existencia de responsabilidad política del presidente por las circunstancias que rodearon la muerte de Uribe Turbay.
A través de una secuencia de preguntas públicas, el dirigente opositor interrogó al mandatario: “Presidente Gustavo Petro, ¿calumnia? Cuéntenos entonces: ¿A qué se refería con ‘guerra a muerte’? Cuando dijo que iba a ‘borrar’ a congresistas de la historia, ¿qué quería decir? ¿Qué buscaba con decenas de horribles trinos contra Miguel Uribe?”.
Gómez Martínez cuestionó también el papel de entidades como la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la presencia de agentes de organismos de inteligencia en la investigación de Fiscalía, así como la supuesta campaña para atacar la reputación del senador asesinado.

El asesinato de Miguel Uribe Turbay, consumado por un joven de 16 años, reabrió el debate social y político sobre la eficacia estatal en la protección de líderes amenazados.
Diferentes voces han puesto en duda el accionar de la UNP, responsable de salvaguardar a parlamentarios en peligro.
A su vez, la Fiscalía General de la Nación anunció el inicio de una investigación para identificar a los responsables materiales e intelectuales del crimen, mientras el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, comunicó que los órganos de inteligencia militar han emprendido acciones para esclarecer los hechos y evaluar la seguridad asignada al parlamentario.
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