El 28 de julio de 2025 se confirmó la condena de 12 años de prisión domiciliaria para Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La sentencia fue cuestionada por sectores del país que defienden la inocencia del líder del Centro Democrático.
Jairo Amézquita, abogado y actual presidente de Asonal Judicial, sindicato con 9 mil afiliados de la rama, se refirió a la decisión de la jueza Sandra Heredia.
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Para el líder gremial, prevalece la necesidad de que se proteja la autonomía y buen desempeño de los jueces y fiscales que adelantan investigaciones mediáticas, además de garantizar el desempeño de su labor con independencia.
“Los jueces, así como los fiscales que adelanten las investigaciones en procesos penales que puedan denominarse “mediáticos” o de “trascendencia”, necesitan y deben estar rodeados de garantías para poder desempeñar su labor con independencia, incluyendo las de seguridad para el funcionario y para su núcleo familiar”, afirmó en entrevista con El Espectador.
Y agregó: “Se presentan escenarios de amenazas que, a veces, se trasladan a las redes sociales; y, en ocasiones, también excesos de algunos medios de comunicación, como le sucedió a la jueza 44 que llegó a ser objeto de perfilamiento por parte de uno de ellos. Insisto en que este tipo de situaciones debe ser rechazado para que el imperio de la ley gobierne las decisiones, libres de injerencias o amedrentamiento social”.
En reacción, el Centro Democrático rechazó de manera categórica el pronunciamiento emitido por Amézquita frente al caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, la colectividad aseguró que durante el proceso legal, el exgobernador de Antioquia nunca faltó el respeto a la jueza Heredia. A su vez, destacó que el expresidente puede rechazar el veredicto y apelar la decisión, puesto que es un derecho amparado en la ley colombiana.
“El expresidente ha mantenido siempre un trato respetuoso hacia la jueza, la Fiscalía y hacia la institución de la justicia en general. Como hombre inocente, tiene el legítimo derecho a discrepar del fallo, más aún cuando existe abundante material probatorio presentado durante el juicio y ampliamente conocido por la opinión pública”, puntualizó la misiva.
A la par, se opuso a los señalamientos que apuntan a que la defensa del exsenador y el propio Uribe Vélez adelantan una campaña de difamación contra la jueza Heredia.
“No aceptamos que se pretenda sembrar la idea de que el expresidente Uribe o su equipo jurídico adelantan una campaña de desprestigio contra la jueza. Una cosa es cuestionar, desde el escenario jurídico, los yerros de una sentencia —como lo han hecho numerosos juristas y expertos en derecho de manera pública— y otra muy distinta es faltar al respeto a la autoridad judicial”.
A renglón seguido, subrayó que “del mismo modo, defendemos el derecho de los medios de comunicación a analizar y debatir el fallo contra uno de los líderes políticos más relevantes de la historia reciente del país. Negarles esa posibilidad sería imponer una mordaza contraria a los principios de la democracia y del Estado de derecho que nos rigen”.
El espaldarazo de la Procuraduría General de la Nación a Álvaro Uribe
Mientras que el Centro Democrático rechazó la postura de los gremios de la rama Judicial, la Procuraduría General de la Nación presentó ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá un recurso de apelación contra el fallo de primera instancia emitido por el juzgado 44 de conocimiento de Bogotá.
El texto firmado por el procurador Bladimir Cuadro Crespo, sostiene que la sentencia tiene vacíos en la valoración y evaluación de pruebas fundamentales, lo que habría derivado en una aplicación incorrecta de la figura de la determinación penal.
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