El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, decidió adicionar $15.000 millones al contrato vigente con la empresa Thomas Greg & Sons, encargada de la elaboración de los pasaportes en Colombia.
La decisión se tomó luego de que la demanda por este documento se disparara durante los meses de julio y agosto, generando un desbalance financiero que dejó sin recursos el acuerdo original.
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Con base en los documentos oficiales firmados por la Cancillería, los recursos actualmente disponibles en el contrato no eran suficientes para cubrir los servicios prestados en julio ni garantizar la continuidad del suministro en agosto.
“El incremento en la demanda ha superado las estimaciones. Ya los recursos se encuentran comprometidos porque los servicios se prestaron efectivamente y lo que resta es concluir el trámite operativo de facturación”, señala uno de los documentos.
Esta adición presupuestal, que se realiza a pocas semanas de la finalización del contrato, eleva el valor total del mismo de $206.000 millones a $222.000 millones, exclusivamente para cubrir la operación hasta el 31 de agosto de 2025, fecha en la que expira el contrato suscrito en septiembre del 2024 bajo la figura de urgencia manifiesta.
Incertidumbre a partir de septiembre
Es preciso mencionar que, a pesar de la adición, aún no se ha definido el nuevo contrato que deberá garantizar la expedición ininterrumpida de pasaportes desde septiembre de este año hasta abril de 2026, cuando se prevé que el gobierno de Portugal entre a asumir parte del proceso, en coordinación con la Imprenta Nacional.
De acuerdo el Ministerio, tanto la Cancillería como Thomas Greg & Sons se encuentran actualmente negociando los términos de una posible prórroga. Sin embargo, la empresa privada ha solicitado revisar con detalle las condiciones económicas ofrecidas por el Ejecutivo, ya que evalúa la rentabilidad del negocio, en medio de un entorno contractual cada vez más complejo.
Portugal entra en escena
Cabe agregar que el cambio en el modelo de expedición de pasaportes hace parte de una estrategia a largo plazo del gobierno de Gustavo Petro para trasladar esta función a una entidad del Estado colombiano.
La idea es que, a partir de abril de 2026, Portugal comience a apoyar el proceso junto a la Imprenta Nacional, como parte de un plan que culminará en 2036, año en el que Colombia espera contar con infraestructura y tecnología propias para asumir el proceso en su totalidad.
Con base en el convenio firmado entre la Cancillería y el gobierno de Portugal, este último tendrá libertad para subcontratar procesos, lo que abre la posibilidad de que Thomas Greg & Sons vuelva a participar en futuras etapas, pese a los cuestionamientos que el jefe de Estado colombiano ha hecho públicamente contra la compañía.
En 2023, la anulación de la licitación por parte del canciller Álvaro Leyva y la posterior emergencia contractual desataron una fuerte controversia que hoy todavía resuena. El contrato con Thomas Greg & Sons fue finalmente adjudicado bajo figura de urgencia, luego de una intensa disputa legal y política.
Hoy, con esta nueva adición presupuestal, el Gobierno busca evitar un nuevo episodio de crisis institucional, mientras intenta reorganizar el modelo de producción de pasaportes hacia uno más soberano, pero que requiere tiempo, inversión y estabilidad contractual. En medio de la transición, el nombre de Thomas Greg & Sons parece seguir siendo indispensable.
Con la presión encima por parte de usuarios y sectores políticos, el Gobierno tendrá que actuar con celeridad para asegurar que, desde el 1 de septiembre, la expedición de pasaportes no sufra retrasos o bloqueos, y que la transición hacia el nuevo modelo con Portugal se realice de forma ordenada.
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