
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, respondió al llamo a juicio en la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el denominado “carrusel de la contratación” en Bogotá.
El alto tribunal investiga si, cuando era concejal de la ciudad, intervino de forma indebida para favorecer la adjudicación del cargo de gerente del Hospital de Usme, supuestamente a cambio de una coima del 10%.
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Un caso que se remonta a la administración de Samuel Moreno

Según la investigación, entre el primer trimestre de 2008 y noviembre de 2009, durante la alcaldía de Samuel Moreno, Sanguino —entonces concejal— habría ejercido influencia indebida para direccionar la designación de Liliana Patricia Paternina Macea como gerente del Hospital de Usme. Este proceso hacía parte de una serie de nombramientos de directivos de hospitales públicos del Distrito, que en ese momento se encontraba bajo cuestionamientos por presuntas irregularidades.
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La Corte Suprema sostiene que el hoy ministro habría solicitado directamente al entonces alcalde Samuel Moreno y a su secretario de Salud Héctor Zambrano, que apoyaran a Paternina para el cargo. El alto tribunal indicó que Sanguino actuó “por fuera del deber que tenía como servidor público de proceder con transparencia e imparcialidad para servir a la comunidad que lo eligió y garantizando la prevalencia del interés general, en contravía de los mandatos legales y constitucionales que rigen la función pública”.
Aunque los hechos datan de hace más de 15 años, la Sala de Primera Instancia negó la prescripción del caso para una parte de las acusaciones, argumentando que aún hay elementos jurídicos por esclarecer. La Corte decidió llevar a juicio al ministro para determinar su responsabilidad en lo ocurrido, en un proceso que se enmarca dentro de la investigación más amplia sobre el “carrusel de la contratación”, escándalo que involucró contratos de infraestructura, salud y movilidad en Bogotá.
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La defensa de Sanguino y su postura ante el juicio

El ministro aprovechó el mismo comunicado para defender su trayectoria y criticar lo que considera un manejo mediático sesgado: “Estas determinaciones del mas alto tribunal de la justicia colombiana son una muestra de que con plenas garantías constitucionales y legales del debido proceso los ciudadanos podemos defender nuestros derechos, muchas veces mancillados por especulaciones e irresponsables señalamientos mediáticos”.
Sanguino agregó que, como ha sido su postura durante 18 años, seguirá compareciendo a todas las citaciones que le haga la Corte sin dilaciones ni maniobras distractoras. Asimismo, lanzó un llamado “a la responsabilidad y a la ética periodística” para evitar titulares que, según él, tergiversan el contenido de la decisión judicial.
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Archivo parcial de cargos

En su pronunciamiento, la Corte Suprema de Justicia también resolvió un aspecto clave del proceso: “declarar la nulidad parcial de la audiencia de formulación de imputación efectuada en contra de Antonio Eresmid Sanguino Páez y, por lo tanto, decretar la extinción de la acción penal por el acaecimiento del fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal respecto del delito de tráfico de influencias de servidor público según los hechos del año 2008”.
Esto significa que parte de las acusaciones, específicamente las relacionadas con el delito de tráfico de influencias en 2008, fueron archivadas por prescripción. Sin embargo, persisten otras conductas investigadas que, de acuerdo con la Corte, justifican la apertura de juicio.
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El caso pone en el centro del debate un elemento fundamental del derecho penal colombiano: la prescripción de la acción penal, mecanismo que extingue la posibilidad de sancionar a una persona cuando ha pasado un tiempo determinado sin que se haya dictado sentencia. No obstante, la Corte señaló que este principio no aplicaba a todos los hechos atribuidos al ministro, lo que mantiene el proceso abierto.
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