Durante el tercer año de mandato de Gustavo Petro, la relación entre el presidente y las altas cortes del país se ha caracterizado por una creciente tensión que ha escalado a niveles pocas veces vistos en la historia reciente del país.
El presidente ha cuestionado públicamente decisiones clave de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y, en menor medida, de la Corte Suprema de Justicia, generando un ambiente de confrontación directa con la Rama Judicial.
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La Corte Constitucional: el epicentro de las críticas por la reforma pensional
La Corte Constitucional ha sido uno de los blancos más frecuentes de los cuestionamientos del presidente. Las críticas más recientes se concentraron en el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, al que Petro ha señalado de sabotear la implementación de la reforma pensional por razones “ajenas al derecho”.
“El magistrado Ibáñez presume que yo convoqué las extras estando en territorio extranjero. Se equivoca y es comprobable. El problema está en que desconfía de la Presidencia de la Cámara de Representantes y desconfía del presidente de la República porque, en su conciencia, no quiere, por razones ideológicas ajenas al derecho, que se aplique la ley pensional en Colombia”, afirmó el mandatario en una intervención pública el 24 de julio.
Además, el presidente acusó a la Corte Constitucional de generar un “lío fiscal” tras declarar inexequibles algunos apartados de su reforma tributaria. La respuesta de la Corte ha sido institucional: en lugar de entrar en confrontación directa, ha defendido su autonomía a través de fallos y comunicados. Incluso, magistrados han optado por posesionarse ante sus colegas y no ante el jefe de Estado, en una señal clara de distanciamiento.
El Consejo de Estado: reveses legales y tensiones por control institucional
La tensión con el Consejo de Estado también se ha intensificado en el último año. Esta alta corte ha emitido decisiones que han limitado el alcance del Ejecutivo en materia de comunicación y poder disciplinario. Entre ellas, la que prohibió la transmisión de consejos de ministros por canales privados, alegando que los espacios de televisión pública no pueden ser utilizados para extender la propaganda gubernamental.
La respuesta del presidente Petro fue tajante: “Es decir, los contratistas del Estado quieren censurar al jefe del Estado. Solo querían que se escuchara una voz, la de los dueños del capital. Les asusta la información al pueblo colombiano del ‘Gobierno del cambio’”.
El Consejo de Estado también le ordenó al presidente rectificar afirmaciones en favor de figuras de oposición como Germán Vargas Lleras y su hermano Enrique, decisiones que tampoco fueron bien recibidas en la Casa de Nariño. A esto se suma el más reciente revés del Ejecutivo: la suspensión del decreto presidencial que pretendía convocar una consulta popular sobre las reformas laboral y de salud, una estrategia a la que Petro recurrió luego de que el Congreso archivara la reforma laboral.
La tensión se agravó cuando el presidente retiró al Consejo de Estado la competencia para conocer tutelas en su contra. Esta decisión fue interpretada como un intento por alejar al mandatario de un tribunal que ha emitido múltiples fallos adversos a su gobierno. La alta corte no tardó en advertir que dicha medida “busca generar tensión adicional con las Cortes”.
La Corte Suprema: cautela, llamados a la institucionalidad y respeto por la justicia
A diferencia de lo ocurrido con la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, la relación con la Corte Suprema de Justicia ha sido menos conflictiva. Sin embargo, esto no ha evitado que desde esa corporación se eleven voces que instan a respetar la autonomía judicial.
El presidente de la Corte, magistrado Octavio Tejeiro, ha señalado: “En tiempos en los que la separación de poderes se pone a prueba, es importante recordar que la colaboración armónica significa respeto mutuo, madurez institucional y compromiso con la democracia en momentos en que Colombia necesita más que nunca instituciones fortalecidas este acto refuerza la legitimidad de nuestras funciones”.
Aunque ha habido algunos gestos de cordialidad entre el presidente y las cortes, la tónica general sigue siendo de desconfianza y recelo mutuo. El Ejecutivo percibe muchas de las decisiones judiciales como obstáculos deliberados a su agenda de cambio, mientras que las altas cortes perciben en los señalamientos presidenciales un intento de socavar la legitimidad del sistema judicial.
En todo caso, el futuro de las grandes reformas del Gobierno, especialmente la pensional, dependerá en buena medida de las decisiones que tomen las altas cortes, lo que hace prever un cierre de mandato bajo un clima institucional tenso. Mientras tanto, las cortes parecen firmes en defender su independencia, lo que augura más enfrentamientos si el Ejecutivo insiste en deslegitimar sus decisiones.
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