Irene Vélez no sería la ministra titular de Ambiente. Aunque el presidente Gustavo Petro la designó como encargada de la cartera tras la renuncia de Lena Estrada, W Radio reveló que la titularidad del cargo recaería en la actual viceministra de Ambiente, Lilia Tatiana Roa Avendaño.
Roa Avendaño, ingeniera de Petróleos de la Universidad Industrial de Santander y magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, cuenta con experiencia en la junta directiva de Ecopetrol, la organización ambientalista Censat Agua Viva y proyectos sobre justicia climática, transición energética y ordenamiento territorial.
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La información se conoce en medio de un relevo ministerial impulsado por Petro a pocos días de cumplirse el tercer año de su mandato.
Lena Estrada, primera ministra indígena de Ambiente, había asumido en febrero tras la salida de Susana Muhamad, y formalizó su renuncia el 1 de agosto, oficializada con el Decreto 0877 del 5 de agosto.
En el intermedio, Petro encargó temporalmente a Irene Vélez, quien hasta entonces dirigía la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
La designación despertó interrogantes, especialmente porque el propio presidente había dicho el pasado 23 de julio, durante la cumbre de la Celac, que Vélez sería su ministra de Ambiente.
“La puse de ministra antes de Edwin, de ministra de Energía, y casi me la acabo, me tocó sacarla del país para salvarla, y ahora otra vez está reconstituida”, afirmó entonces.
La llegada temporal de Vélez a la jefatura temporal del Ministerio coincidió con otra controversia: el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló su nombramiento como consejera del Consulado de Londres, al concluir que el Gobierno usó de forma indebida la figura de provisionalidad.
Según el fallo, el Ministerio de Relaciones Exteriores no ofreció la vacante a 26 funcionarios de carrera diplomática elegibles y, en cambio, designó a Vélez, quien no cumplía requisitos como la experiencia en política exterior ni el dominio de un segundo idioma.
La decisión también reavivó la polémica sobre su regreso al país, pues se conoció que la Cancillería le pagó $90 millones en viáticos a ella y a su familia pese a que no había renunciado a su cargo diplomático antes de asumir la dirección de la Anla.
En su defensa, la Cancillería argumentó que los 35 funcionarios de carrera en la categoría de consejero ya estaban cumpliendo turnos de alternancia y que movilizar a quienes superaban los doce meses en el exterior habría generado un impacto fiscal considerable.
Por esa razón, justificó el uso de la provisionalidad para garantizar la continuidad del servicio consular. No obstante, el Tribunal recordó que, de acuerdo con el artículo 60 del Decreto Ley 274 de 2000, esa figura solo debe aplicarse como medida excepcional o de último recurso.
La incertidumbre sobre la estabilidad del gabinete se refleja también en la percepción ciudadana. Una encuesta de Invamer realizada en julio de 2025 reveló que el 64 % de los colombianos considera que el alto nivel de rotación ministerial afecta negativamente la capacidad del Gobierno para cumplir sus promesas.
Solo un 18 % cree que estos cambios son positivos porque permiten corregir errores o reorientar las políticas. El 14 % restante los considera un asunto normal en cualquier administración.
Analistas consultados señalan que esta dinámica de relevos frecuentes puede erosionar la confianza de los aliados políticos y del sector privado.
“Cada ministro nuevo implica volver a construir relaciones con el Congreso, con los gremios y con la sociedad civil. Esa curva de aprendizaje afecta la gobernabilidad”, afirma la politóloga Sandra Borda, quien destaca que la rotación ministerial también desdibuja las responsabilidades: “Cuando no hay continuidad, es difícil evaluar el impacto de una gestión o exigir cuentas claras sobre lo que salió mal”.
El presidente Petro ha defendido sus decisiones y asegura que no le tiembla la mano para reemplazar a quienes no cumplen con sus instrucciones.
Sin embargo, sus críticas recientes —al afirmar públicamente que varios ministros “traicionaron el mandato popular”— reflejan un ambiente de desconfianza dentro del Ejecutivo.
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