El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) rescató a catorce menores de edad en Soacha, quienes se encontraban en condiciones de hacinamiento, expuestos al consumo de alcohol y sin la compañía de familiares.
Según lo dió a conocer Caracol Radio, la entidad sostuvo que los niños, originarios del Pacífico colombiano, llegaron a Soacha motivados por la ilusión de convertirse en futbolistas.
Tras su hallazgo, el grupo fue puesto bajo protección del instituto para garantizar su seguridad y bienestar.
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Las autoridades investigan las circunstancias del caso y el proceso que permitió que estos menores permanecieran en condiciones vulnerables, sin adultos responsables. Actualmente, el Icbf adelanta el restablecimiento de derechos y evalúa alternativas de protección y reunificación familiar.
Hasta el momento, ni la policía de infancia y adolescencia, ni el mismo Icbf se ha pronunciado al respecto.
Autoridades rescatan a menor en operativo contra explotación en Fontibón
La coordinación interinstitucional y la presión ejercida por las autoridades en la localidad de Fontibón quedaron en evidencia cuando, tras más de una hora de negativa por parte de los responsables de varios bares, los funcionarios lograron ingresar a los establecimientos, donde hallaron a una menor de edad en condiciones de riesgo.
La Secretaría de Seguridad de Bogotá subrayó la gravedad de la situación: “la menor encontrada estaba en un entorno que claramente no era seguro. Y el administrador del lugar intentó ocultarla al impedir realizar el procedimiento por no dejar ingresar a los funcionarios”.
Este episodio, ocurrido entre la noche del 1 y la madrugada del 2 de agosto de 2025, marcó un punto de inflexión en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual de menores en la capital colombiana.
La operación, según informó Infobae, fue resultado de una acción conjunta entre la Secretaría de Seguridad, la Alcaldía Local, Migración Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la Personería Distrital. Más de 50 funcionarios participaron en la intervención, cuyo objetivo principal era inspeccionar cinco bares identificados previamente como focos de delitos relacionados con la trata de personas y la explotación sexual.
La selección de estos locales respondió a información recopilada por las autoridades, que señalaba la existencia de condiciones propicias para la comisión de estos delitos.
El despliegue comenzó poco después de las 23:00 y se extendió hasta la madrugada. Al llegar, los funcionarios se toparon con la resistencia absoluta de los administradores de los establecimientos, quienes se negaron a abrir las puertas pese a las solicitudes reiteradas.
Desde el interior, se escuchaban música, voces y la presión de los propios clientes, que exigían ser liberados.
Esta actitud de obstrucción, según el reporte de las autoridades, reforzó las sospechas sobre la presencia de redes de explotación y otras actividades ilícitas en la zona. Una vez superada la negativa y tras cumplir con los procedimientos legales, los equipos de inspección accedieron finalmente a los inmuebles.
En uno de los bares, localizaron a una menor de edad en una situación que, de acuerdo con el Icbf, representaba un alto riesgo y posible explotación sexual.
El instituto activó de inmediato el protocolo de restablecimiento de derechos, asumiendo el acompañamiento psicosocial de la víctima y el contacto con sus familiares. Durante la revisión de los locales, los funcionarios también detectaron a un adolescente consumiendo licor de manera irregular, caso que quedó igualmente bajo la atención del Icbf.
Además, se incautaron dosis de estupefacientes y armas blancas en algunos comercios, lo que evidenció la existencia de otros delitos asociados a la operación de estos negocios.
Como resultado de las obstrucciones y los hallazgos, las autoridades procedieron a suspender los cinco establecimientos intervenidos por impedir el accionar institucional y obstaculizar el debido proceso.
En un comunicado oficial, la Secretaría de Seguridad destacó que “la presencia institucional en estos sectores contribuye a mejorar la percepción de seguridad y demuestra el compromiso de las autoridades para garantizar los derechos de los menores”.
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