La representante a la Cámara Jennifer Pedraza presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Verónica Guerrero, hermana de Juliana Guerrero, actual secretaria del ministro del Interior, Armando Bendetti. La acción judicial se basa en presuntos hechos de usurpación de funciones públicas, que habría ejercido autoridad dentro del Ministerio de la Igualdad sin tener ningún cargo oficial en esa entidad.
La denuncia se sustenta en un audio divulgado por la revista Cambio, en el que Verónica Guerrero, durante una reunión de empalme celebrada el 1 de agosto de 2025, da instrucciones precisas a funcionarios del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (Fonigualdad), una dependencia de la cartera de la Igualdad.
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En el registro se le escucha afirmar: “Solicitar que ningún contrato laboral sale, ningún contrato, ninguna OPS (Orden de Prestación de Servicios), ni nada de contratación […] hay que dejar la salvedad que todo se para”, instrucción que, de acuerdo con la representante Pedraza, corresponde a funciones reservadas exclusivamente a los titulares o delegados legales de la entidad.
Además, en el mismo audio, una funcionaria del Ministerio de la Igualdad anuncia:“Quien va a empezar a articularnos el proceso de este empalme va a ser Verónica […] sí, ella, Verónica Guerrero”, lo que, según la congresista, demuestra que la joven de Valledupar no solo estuvo presente en calidad de observadora, sino que asumió un papel activo y de dirección dentro del organismo público.
Pedraza denuncia posible violación a principios constitucionales
Pedraza incluyó estos fragmentos de audio como prueba principal en su denuncia, con la solicitud que se realice una verificación técnica forense para confirmar la identidad de la voz que imparte las órdenes. La legisladora sostiene que tales actos configuran una clara infracción al orden jurídico colombiano, al representar una intervención indebida en asuntos reservados para autoridades investidas legalmente.
Las declaraciones mencionadas llevaron a la congresista Pedraza a considerar que Guerrero estaría ejerciendo funciones reservadas exclusivamente al ministro de la cartera o a su delegado legal. Según el Decreto 1075 de 2023, únicamente el titular del despacho o quien sea formalmente autorizado puede impartir órdenes administrativas, como la suspensión de procesos contractuales.
De esta manera, la congresista solicitó a la Fiscalía que verifique mediante una prueba técnica forense la autenticidad de la voz en el audio. El objetivo es confirmar si efectivamente corresponde a Verónica Guerrero, como parte del material probatorio que acompaña la denuncia.
En el escrito presentado por la congresista se argumenta que Guerrero no tiene investidura legal ni atribuciones formales dentro del Ministerio de la Igualdad. Pese a ello, habría intervenido directamente en decisiones administrativas, lo cual configura, de acuerdo con el Código Penal, la conducta típica de usurpación de funciones públicas. Esta infracción, según la norma vigente, contempla una pena de prisión de 16 a 36 meses para quien, sin autorización legal, ejerza funciones públicas.
La representante señala que estas actuaciones también vulneran principios constitucionales fundamentales. Cita específicamente el artículo 209 de la Constitución Política, el cual establece los pilares de la actuación administrativa: legalidad, buena fe, eficacia, moralidad administrativa, economía, celeridad y transparencia. Pedraza indica que el hecho de que una persona sin nombramiento oficial tenga la capacidad de ordenar suspensiones de procesos internos del Ministerio, afecta gravemente la operatividad y la legitimidad institucional.
También pide que se investigue a Juliana Guerrero y Armando Benedetti
El documento entregado a la Fiscalía también incluye una petición para que se investigue la posible participación o conocimiento de otros funcionarios del Gobierno en estas presuntas irregularidades. La representante menciona directamente a Armando Benedetti, actual ministro del Interior, y a Juliana Guerrero, secretaria privada del ministro y hermana de Verónica Guerrero.
Según se plantea, el organismo de control debería determinar si estas personas facilitaron o encubrieron las actuaciones de Guerrero, como parte de una estructura informal de poder dentro de la cartera de Igualdad.
Adicionalmente, la denuncia de Pedraza hace referencia a otros antecedentes de Verónica Guerrero, pues destaca que su nombre apareció vinculado a diversos hechos cuestionables, entre ellos el uso de aeronaves oficiales de la Policía Nacional para desplazamientos que no fueron justificados como actividades oficiales.
De acuerdo con información publicada también por la revista mencionada, estos vuelos habrían tenido como fin realizar gestiones en nombre del Gobierno en entidades como la Universidad Popular del Cesar, donde Juliana Guerrero funge como representante presidencial ante el Consejo Superior.
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