
Hay controversia entre políticos y abogados por la orden que impartió la jueza 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, en contra del expresidente Álvaro Uribe, de permanecer privado de la libertad en su domicilio mientras se resuelve su situación jurídica en otras instancias. Pues, el exmandatario ya figura como persona condena por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
De acuerdo con la jueza, el ex jefe de Estado podría salir del país mientras se toma una decisión en segunda instancia, evadiendo así el cumplimiento de la sentencia. No obstante, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) todavía no ha recibido la boleta de detención para dar cumplimiento a lo ordenado por la togada.
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Mientras los trámites de cara a la detención domiciliaria se surten, en redes sociales y medios de comunicación se configura un arduo debate en torno a la privación de la libertad del expresidente, sin que su caso no haya sido evaluado por otras altas cortes: Tribunal Superior de Bogotá y Corte Suprema de Justicia, si es el caso.

Algunos consideran que la jueza erró al ordenar la detención inmediata de Álvaro Uribe, mientras que otros la defienden, entre ellos, el senador Iván Cepeda Castro, reconocido como víctima en el proceso penal. Según el congresista, la decisión de la jueza está sustentada en acciones del exmandatario en contra de la justicia y no precisamente en la posibilidad de que pueda evadir la condena de 12 años.
“El expresidente Uribe ha desplegado, junto a su entorno político, una campaña muy agresiva de presión contra la justicia”, precisó Cepeda en conversación con Caracol Radio, indicando que tanto el ex jefe de Estado como sus seguidores han tratado a la togada de manera “supremamente descalificatoria, peyorativa e incluso agresiva”.
En ese sentido, indicó que la detención domiciliaria tiene argumentos de peso para efectuarse. Además, insistió en que el expresidente debe responder a sanciones impuestas por la justicia, teniendo en cuenta que ya pesa una condena sobre él. “Por supuesto que Uribe debe ser sancionado. Es decir, si es hallado culpable, como lo fue en primera instancia, es cierto, debe ser sancionado. Y la sanción debe ser lo más rigurosa”, dijo.

Asimismo, recalcó que el ex jefe de Estado goza de un beneficio: que su detención y su condena puede cumplirlas en su domicilio y no en una cárcel. Así lo determinó la jueza Sandra Liliana Heredia, aclarando que la prisión domiciliaria solo puede hacerse efectiva previa caución o pago de póliza judicial, por una suma de cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“Uribe no está en una condición que lo ponga por fuera de la esfera de la justicia. Es decir, una persona condenada tiene que afrontar las consecuencias de la condena”, explicó.
Abogados rechazan orden de detención domiciliaria contra Uribe
No obstante, el abogado penalista Iván Cancino difiere de la postura de Cepeda. Según expuso en su cuenta de X, el exmandatario debería poder gozar de su libertad mientras se define su situación jurídica. “La jurisprudencia pacífica establece cuando una decisión de primera instancia debe ordenar captura inmediata y cuando no. En el caso de @AlvaroUribeVel cumplía todos los requisitos para diferir su captura hasta la decisión final”, detalló.

El abogado Víctor Mosquera, que representa los intereses del senador Miguel Uribe Turbay, se unió al debate, afirmando que la decisión tomada por la jueza fue anticipada e injusta, puesto que estaría vulnerando la presunción de inocencia del ex jefe de Estado, cuya condena todavía no estaría en firme porque no se ha resuelto el recurso de apelación.
“La jueza actúa con sesgo y exceso, anticipando cumplimiento de sanción sin control superior”, indicó.

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