“Fue Pastrana, no Uribe, quien lo envió a La Popa”: defensa del coronel (r) Hernán Mejía cuestionó testimonios clave en juicio de la JEP

El martes 5 de agosto, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanzó en la etapa de alegatos de conclusión dentro del proceso que se adelanta contra el coronel retirado Publio Hernán Mejía, excomandante del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”, por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.

La diligencia se desarrolló en Valledupar y hace parte del Caso 03 de la justicia transicional, que investiga y sanciona crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos entre enero de 2002 y noviembre de 2003.

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En este procedimiento, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad escucha los alegatos finales de las partes antes de emitir la sentencia. El coronel Mejía, que se declaró inocente en septiembre de 2024, enfrenta un juicio bajo el Sistema Adversarial Transicional, diseñado para aquellos comparecientes que no aceptan responsabilidad en los hechos imputados.

Defensa apunta contra testigos que reconocieron su responsabilidad

La audiencia estuvo marcada por un momento de tensión cuando el abogado Germán Navarrete, defensor del coronel Mejía, cuestionó la credibilidad de los 12 militares que ya aceptaron su participación en los crímenes ante la JEP. Según Navarrete, las declaraciones de estos testigos no pueden considerarse determinantes para condenar a su cliente.

El jurista inició su intervención con una contextualización del escenario en que su defendido asumió el mando del batallón. “En el juicio quedó demostrado que Valledupar era tierra de nadie cuando llegó el coronel. Su llegada fue intempestiva. Ya había sido asignado a Bogotá, pero fue el entonces presidente Pastrana —no Uribe— que lo envió a La Popa. Y el batallón ya estaba permeado por las AUC”, afirmó.

Navarrete insistió en que el aparato criminal señalado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP ya operaba antes de la llegada de Mejía.

“El batallón ya estaba permeado por. Por por las autodefensas. Eso no era. Eso no fue el milagro investigativo que hizo la bulla determinar que al interior del batallón había ‘manzanitas podridas’, pero no las trajo Mejía, Estaban ahí cuando llegó”, expuso ante los magistrados.

Críticas a la actuación del Ejército en la región

El abogado continuó su exposición señalando que la inacción de otros mandos militares permitió el avance de grupos ilegales en el Cesar. “¿Qué hacía el comandante del batallón para evitar eso? Nada. ¿Qué hacía el señor jefe de Operaciones que había traído desde el Caquetá por allá la misma unidad donde prestaba sus servicios en algún momento?. ¿Y ese oficial llamado 39?. ¿Qué hacía? Nada. Esa pasividad de las fuerzas armadas en Valledupar no era gratis”, subrayó.

Navarrete también defendió la gestión de Mejía durante su comando: “¿Qué cambio hubo y se probó en este proceso cuando llegó Mejía? Obviamente reestructuró la forma de trabajar del Ejército. El Ejército era una entidad que estaba destinada a proteger a los ciudadanos y a moverse, no a quedarse por ahí cuidándole la finca al mafioso o al bandido o al político. No eran unidades de combate. El Ejército es una máquina de guerra, es una máquina hecha para combatir al enemigo”, remarcó.

Petición de víctimas: sanción máxima

En contraste, la representación de las víctimas, encabezada por el abogado Sebastián Escobar, solicitó a la JEP que declare la responsabilidad penal del coronel retirado y aplique la sanción máxima prevista por la Ley 1957 de 2019: 20 años de privación efectiva de la libertad.

Concluidos los alegatos, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad deberá emitir su fallo en los próximos meses. Este será un pronunciamiento clave para las víctimas y para el propio sistema transicional, pues permitirá evaluar la efectividad del modelo adversarial en casos donde no hay aceptación de responsabilidad.