Abogado Miguel Ángel del Río aseguró que podría denunciar a Tomás Uribe, hijo de Álvaro Uribe, por sus mensajes en redes sociales

El abogado Miguel Ángel del Río informó que considera presentar una denuncia contra Tomás Uribe, hijo de Álvaro Uribe, por un comentario publicado en la red social X,

La información del abogado, que representó a Juan Guillermo Monsalve y Deyanira Gómez en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, confirmó la información a Cambio.

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La iniciativa de Del Río surge después de la intervención de Tomás Uribe en la que menciona al abogado Diego Cadena y realiza señalamientos públicos sobre presuntos vínculos con actividades ilegales.

La posible denuncia busca esclarecer el conocimiento de Tomás Uribe acerca de un posible complot atribuido a Cadena, que habría intentado desprestigiar tanto a Del Río como al senador Iván Cepeda, vinculándolos con hechos delictivos sin fundamento.

La controversia cobró mayor relevancia tras la condena de 12 años de prisión impuesta al expresidente Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, situación que intensificó el intercambio de acusaciones en redes sociales entre sus allegados y las partes afectadas.

El comentario de Uribe Moreno, emitido el 2 de agosto, invitó al senador Cepeda a entregarse a las autoridades estadounidenses y mencionó explícitamente a Diego Cadena como facilitador.

Ante esto, Del Río sostuvo ante Cambio que analizan seriamente la posibilidad de establecer una acción legal.

“Él nos invita a que entonces nos asesoremos de Cadena y queremos saber cuál es el conocimiento que él tiene ese entrampamiento. Recomendarlos a Cadena no debe ser nada agradable, pues fue la persona que terminó llevando a su padre a la cárcel y lo puede terminar también llevando a él”, declaró.

A esto se suma la revelación del periodista Daniel Coronell sobre encuentros entre Diego Cadena y Manuel Castañeda, una persona que fue detenida mientras transportaba 120 kilos de cocaína en un vehículo oficial.

Según la investigación, Cadena habría ofrecido protección y ventajas económicas para que Castañeda incriminara a Cepeda y Del Río en delitos relacionados con narcotráfico, involucrando incluso a individuos conectados con agencias de seguridad extranjeras.

El senador Iván Cepeda también manifestó su intención de cubrir judicialmente a Tomás Uribe si se comprueba su participación en el mismo esquema. Según dijo, denunciaría penalmente a quienes resulten responsables de fabricar un montaje judicial.

Recientemente, las víctimas en el caso Álvaro Uribe Vélez, declarado culpable por fraude procesal y soborno en actuación penal, presentaron ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una queja por la supuesta intromisión de Estados Unidos en las decisiones judiciales de Colombia.

“Ante las graves presiones nacionales y de autoridades de Estados Unidos contra la independencia del poder judicial colombiano, tras conocerse el sentido del fallo de primera instancia mediante el cual se condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez por haber cometido los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, enviamos el día de hoy una comunicación oficial a Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y a la comisionada Roberta Clarke, relatora sobre personas defensoras y operadoras de justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)”, se lee en el comunicado.

Según Iván Cepeda, Deyanira Gómez y sus abogados, Reinaldo Villalba y Miguel Ángel del Río, además de Rafael Barrios y Alejandro Escobar del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), se estarían dando intentos de “interferencia” en las funciones de la justicia en Colombia, lo que significa, según las víctimas, una amenaza a la independencia judicial, equilibro institucional y el debido proceso.

Asimismo, reclamaron supuestas “presiones”, así como “ataques y señalamientos” en contra de la jueza Sandra Liliana Heredia.

“Tras la lectura del sentido del fallo, se han registrado expresiones y reacciones por parte de altos funcionarios y legisladores del Gobierno de los Estados Unidos que, en el actual contexto, pueden interpretarse como señales de presión sobre la administración de justicia en Colombia”, precisaron.

Las victimas afirmaron en su pronunciamiento que un Estado de derecho debe tener independencia y tener garantías constitucionales.

Solicitaron intervenir para “salvaguardar la integridad del poder judicial en Colombia”. Además, evitar cualquier injerencia en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, que el viernes 1 de agosto, se conocerá la condena en primera instancia.