Rtvc tuvo que tercerizar otra vez la operación de las estaciones de radiodifusión por falta de capacidad: denuncian irregularidades en adjudicación

El contrato de más de 25.000 millones de pesos para la administración, operación y mantenimiento de la infraestructura de radiodifusión pública en Colombia ha generado una oleada de críticas y cuestionamientos legales sobre la transparencia y equidad del proceso de selección en el Sistema de Medios Públicos Rtvc.

La decisión de Rtvc de regresar al modelo de tercerización, tras intentar durante cuatro meses asumir estas funciones con personal propio, ha desatado denuncias sobre supuestas irregularidades, conflicto de intereses y presunto direccionamiento a favor del Consorcio OM-2025.

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De acuerdo con una investigación de la revista Cambio, el consorcio, formado en un 85 por ciento por Iteco Consultores SAS y en un 15 por ciento por Istronyc Comunicaciones SAS, recibió la adjudicación del millonario contrato tras imponerse sobre la propuesta de Precoom AOM.

La gestión directa por parte de Rtvc comenzó en marzo por una orden del gerente Hollman Morris, luego de que finalizara el vínculo con el anterior contratista, Iradio.

La operación se desarrolló durante cuatro meses, periodo en el cual el sistema estatal enfrentó serias dificultades para suplir daños imprevistos y mantener la continuidad del servicio.

Una fuente interna consultada por el medio explicó que “unos pocos ingenieros que habían quedado con contrato los tuvieron hasta el 24 de julio y los operadores están en igual condición, hasta esa fecha tenían contrato de prestación. Están a la expectativa y sin trabajo desde dicha fecha”.

La imposibilidad de contratar de manera expedita para atender emergencias, junto con el desconocimiento del estado real de las estaciones tras la salida de Iradio, forzaron el retorno al esquema privatizado.

En respuesta a las críticas por la tercerización, la entidad sostuvo en los estudios previos al contrato: “Este tipo de tercerización, si bien es jurídicamente válida y técnicamente aceptable, debe estar acompañada de un ejercicio riguroso de planeación responsable y del cumplimiento efectivo del principio de supervisión permanente, lo cual solo puede garantizarse a través de una participación más activa de la RTVC en el modelo y la recepción de la información e infraestructura pertinente”.

Además, Rtvc reconoció que “el modelo operó como un esquema de tercerización masiva sin una estrategia técnica diferencial ni un sistema de control basado en resultados verificables, lo cual evidencia la necesidad de adoptar modelos más estructurados, con levantamientos técnicos previos, segmentación operativa, análisis de criticidad, e instrumentos de evaluación y trazabilidad que garanticen una adecuada dirección contractual y supervisión del servicio”.

La adjudicación al Consorcio OM-2025 despertó inmediato recelo porque Iteco, la empresa mayoritaria del consorcio, había actuado previamente como interventor del contrato con Iradio.

Aunque esto no constituye impedimento legal, ha provocado sospechas de presunto favorecimiento y conflicto de interés. La Veeduría Ciudadana Nueva Colombia, representada por el abogado Darío Elías Celedón, denunció supuestas inconsistencias como una “adjudicación ilegal y extemporánea” luego de que, a su juicio, el contrato se colgara al Sistema de Contratación Pública Secop un día después del plazo permitido.

De igual forma, la veeduría reportó irregularidades en los criterios de selección, ajustados “de forma indiscriminada”, y la celebración de un contrato “sin cumplimiento de los requisitos legales”.

Además, la firma ACT Telemática alegó que varias empresas, entre ellas Balum S.A., Istronyc S.A.S. y Altotic S.A.S., habrían tenido “una ventaja ilegal, además de arbitraria y desequilibrada” por haber presentado cotizaciones al proceso antes de su apertura pública.

“La entidad no ha respetado las fechas ni las horas de publicación, así las cosas, con el presente proceso la entidad RTVC no ha cumplido con las garantías necesarias para que sea plural”, señaló la empresa demandante.

En la misma línea, Ciatel S.A. cuestionó la “exclusión injustificada” de firmas con experiencia en administración, operación y mantenimiento, mediante requerimientos financieros “injustificadamente” restrictivos.

Frente a este panorama, Rtvc manifestó a CAMBIO que estudia acciones legales en respuesta a los términos “injuriosos” usados por la veeduría de Celedón, desestimando a su vez las objeciones de presunto direccionamiento.

Respecto a la participación de empresas que previamente habían cotizado, la entidad sostuvo que es “infundado” e “irresponsable” sugerir que alguna empresa haya tenido acceso anticipado a documentos o información privilegiada. “Ninguna empresa ha tenido acceso o conocimiento previo de los documentos del proceso de selección”, subrayaron desde Rtvc.