Exministro solicitó acumular chats revelados por Vicky Dávila en proceso contra Gustavo Petro: “La degradación institucional”

En una actuación que reaviva el debate sobre la idoneidad del actual presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, para continuar en el ejercicio del poder, el activista judicial y precandidato presidencial Wilson Ruiz Orejuela, también exministro de Justicia (2020-2022) radicó el 4 de agosto de 2024 una solicitud formal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes con el fin de que se acumulen al proceso disciplinario en curso los chats difundidos por la periodista Vicky Dávila que involucran al presidente en presuntas conductas reprochables para la función pública.

La solicitud, que se anexa a la denuncia inicial presentada por Ruiz en abril de 2024—cuando solicitó una valoración médica del presidente Petro con base en las alarmas encendidas por las cartas del excanciller Álvaro Leyva—, pretende introducir como prueba documental seis intercambios de mensajes entre Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, que enfrenta una investigación por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de lavados de activos y enriquecimiento ilícito, y este último, en los que se alude a episodios connotadamente comprometedores durante la campaña presidencial de 2022.

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Según el documento presentado, estas conversaciones describen con detalle prácticas autodestructivas, financiaciones irregulares, y un entorno personal que podría rayar en lo delictivo. En su misiva, Ruiz insiste en que tales elementos no pueden ser leídos como simples asuntos personales, sino como piezas claves para comprender la naturaleza del comportamiento de quien hoy ostenta la máxima autoridad del Estado colombiano.

Lo que se consigna en esos chats —advirtió—, no es anecdótico ni privado, puesto que son descripciones de colapsos reiterativos en el ejercicio de funciones políticas, bajo estados de alteración asociados al consumo de sustancias, con abandono de actos de campaña y presencia de intermediarios que solventaban logística y acompañamientos que comprometen la dignidad del Estado.

“Estamos frente a un conjunto de hechos que no pueden seguir diluyéndose en la polémica mediática. La institucionalidad no puede blindarse con indiferencia ni normalizarse frente a un patrón de conductas que lesionan la legitimidad de la investidura presidencial. Se trata de algo más profundo que el escándalo: hablamos de gobernabilidad”, expresó Ruiz al presentar su escrito.

Dentro del documento, el exministro eleva seis peticiones puntuales ante la Comisión, entre las cuales destacan la acumulación formal de los nuevos hechos al expediente vigente, la citación de la periodista Dávila para que precise el origen de las conversaciones reveladas, la solicitud a la Fiscalía General de la Nación de copia certificada de los chats en poder del ente acusador, y la identificación del supuesto oficial de la Policía que, de acuerdo con los mensajes, habría facilitado tanto drogas como mujeres al entonces candidato.

También se solicita tomar testimonio a Day Vásquez y a las personas referenciadas como Euclides Torres, contratista salpicado en el caso de Nicolás Petro y el senador Pedro Flórez, así como al ministro del Interior, Armando Benedetti.

“No se puede conducir un país con la mirada opaca y la voluntad sometida al vaivén de adicciones no tratadas ni reconocidas. La Presidencia no puede operar bajo un desorden existencial del mandatario. Lo que se espera de esta Comisión es que actúe, no que contemple pasivamente, una crisis que exige decisiones serias”, se lee en uno de los apartes del escrito.

Acompañando su solicitud, Ruiz adjuntó un documento técnico en el que desglosa cada conversación por separado, señalando su contenido específico y el contexto en que habría ocurrido, al destacar que cada mensaje no constituye un hecho aislado sino parte de una trama de deterioro institucional que, según afirma, debe ser detenida antes de que sus consecuencias sean irreversibles.

El también precandidato presidencial fue enfático en su llamado a los órganos de control, señalando que el país atraviesa una época de disonancia entre los principios republicanos y la realidad política: “Las garantías democráticas exigen vigilancia, no complacencia. Y si las pruebas apuntan a una conducta desquiciada, lo que corresponde no es mirar hacia otro lado, sino asumir la responsabilidad de frenar el desorden”.