Clan del Golfo propone diálogo con De La Espriella, pese a que presidente electo ya lo descartó

El Clan del Golfo, que también se identifica como Ejército Gaitanista de Colombia, envió una carta al presidente electo Abelardo De La Espriella en la que planteó su disposición a conversar con el nuevo Gobierno y, eventualmente, acogerse a un proceso de sometimiento a la justicia. La comunicación se conoce pese a que el mandatario electo ya ha descartado abrir una negociación con esa organización armada.

La información publicada por Revista Semana señala que la carta fue enviada este lunes festivo y contiene varias condiciones bajo las cuales el grupo estaría dispuesto a avanzar hacia un posible proceso con la administración que asumirá el poder. Uno de los puntos centrales del documento es que la organización afirma no rechazar la posibilidad de someterse a la justicia.

Según el texto, el Clan del Golfo asegura que entiende el mensaje de De La Espriella, pero plantea que la discusión no está en si se acogerá o no a la justicia, sino en las condiciones jurídicas y de seguridad que tendría un eventual sometimiento. La carta aparece en medio del debate por el futuro de la paz total y por las decisiones que tomará el próximo Gobierno frente a los grupos armados.

Entre las peticiones mencionadas por la organización están las garantías para sus integrantes, la seguridad jurídica, la protección de las comunidades donde tiene presencia y la prevención de que otros grupos armados ocupen esos territorios. Con esos puntos, el Clan del Golfo busca abrir una discusión sobre las reglas de un eventual proceso, aunque el presidente electo ya ha marcado distancia frente a esa posibilidad.

Condiciones para un eventual sometimiento

El grupo armado también sostuvo que el marco jurídico actual sería insuficiente para atender un sometimiento de una estructura de sus dimensiones. Según la carta, las normas vigentes no bastarían para dar seguridad a un proceso de ese tipo, por lo que pidió una ley que incluya verdad, reparación, garantías de no repetición y plazos definidos.

En el documento, la organización puso como referencia el proceso de Justicia y Paz aplicado durante el Gobierno Uribe, que acogió a las Autodefensas Unidas de Colombia. Según el Clan del Golfo, dos décadas después de iniciado ese proceso, muchos exintegrantes siguen enfrentando procesos judiciales y limitaciones para ejercer algunos derechos.

La carta también insiste en la disposición del grupo para reunirse con el nuevo Alto Comisionado para la Paz, con funcionarios designados por el próximo Gobierno, países mediadores y organismos internacionales que puedan acompañar el proceso. Además, pidió la participación de Estados Unidos, Reino Unido, España, Noruega, Suiza y Catar como posibles acompañantes.

De La Espriella ya había descartado diálogo

El pronunciamiento se produce después de que De La Espriella pidiera remitir información sobre negociaciones con el Clan del Golfo al Departamento de Estado de Estados Unidos. Esa posición se dio tras la revelación de audios en los que, según el reporte, el Gobierno Nacional al parecer habría despedido oficiales de la fuerza pública, frenado pedidos de extradición y suspendido bombardeos contra esa organización.

La revelación de esos audios llevó al presidente electo a ordenar acciones judiciales contra los presuntos implicados. Por eso, la carta del Clan del Golfo llega en un escenario político complejo, en el que el nuevo mandatario ha enviado señales de rechazo a cualquier negociación que pueda interpretarse como continuidad de la paz total.

El debate también está marcado por el fortalecimiento de varios grupos criminales durante los últimos años. El reporte menciona al ELN, las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo como estructuras que, en conjunto, tendrían más de 25.000 hombres entre armados y redes de apoyo.

Con esta carta, el Clan del Golfo intenta poner sobre la mesa una ruta de sometimiento condicionada, mientras De La Espriella insiste en una línea más dura frente a la organización. El punto de choque será si el próximo Gobierno mantiene cerrado cualquier canal o si permite algún mecanismo jurídico bajo reglas distintas a las que han regido la paz total.