La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta urgente sobre la grave situación humanitaria que enfrentan más de 5.000 personas en las zonas rurales de los municipios de Santa Rosa del Sur y Montecristo, en el departamento de Bolívar, a raíz del paro armado declarado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la presencia del Clan del Golfo.
Según el pronunciamiento oficial divulgado a través de su cuenta de X (antes Twitter), la entidad detalló que los pobladores de los corregimientos de La Marizosa, San Lucas, Canelos, Villa Flor, Fátima y Buena Vista llevan aproximadamente doce días confinados. Durante este periodo, se ha reportado que las comunidades carecen de acceso a alimentos, combustibles y transporte, lo que agrava las condiciones de vulnerabilidad.
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La situación se complica aún más con la denuncia del secuestro de cuatro personas, presuntamente retenidas por los grupos armados ilegales que operan en la región. Frente a este escenario, la Defensoría hizo un llamado contundente a los actores armados: “Instamos a los grupos armados ilegales para que cesen inmediatamente toda conducta que ponga en riesgo la vida, la integridad de la población civil, sus bienes y afecte su movilidad”.
La magnitud de esta emergencia humanitaria exige una respuesta inmediata y coordinada por parte del Gobierno Nacional, encabezado por la Unidad para las Víctimas, así como de las entidades y autoridades territoriales. El propósito es articular con urgencia la atención humanitaria, garantizar el abastecimiento de alimentos y medicamentos, y restablecer la libertad de movimiento de las comunidades.
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De acuerdo con los testimonios recogidos por la Defensoría del Pueblo, el confinamiento forzado ha generado temor y desabastecimiento, pues las familias se ven obligadas a permanecer en sus viviendas ante el riesgo de desplazamiento forzado o represalias. Muchos pobladores temen por su seguridad debido a los enfrentamientos que se han venido registrando entre los grupos armados que disputan el control territorial.
La entidad de control recordó que esta situación vulnera derechos fundamentales y representa una clara violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH), que establece la obligación de proteger a la población civil en el marco del conflicto armado interno.
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En su comunicado, la Defensoría expresó su respaldo al reclamo de la población del municipio de Santa Rosa del Sur por el respeto a la vida y la dignidad humana, reiterando su compromiso de seguir adelantando acciones de acompañamiento y gestión para mitigar el impacto de esta crisis.
Por su parte, organizaciones sociales y líderes comunitarios han pedido con urgencia el establecimiento de corredores humanitarios que permitan el ingreso de ayuda alimentaria y sanitaria a las zonas afectadas. De no tomarse medidas inmediatas, existe el riesgo de un empeoramiento de la emergencia, que podría desencadenar desplazamientos masivos hacia cabeceras municipales u otros departamentos.
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El departamento de Bolívar, históricamente golpeado por el conflicto armado y la presencia de grupos al margen de la ley, vuelve a enfrentar un episodio crítico que evidencia la necesidad de acciones sostenidas de prevención, protección y atención integral a las comunidades rurales.
La Defensoría hizo un llamado a las instituciones competentes, como la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Fuerza Pública, a coordinar esfuerzos para atender de manera prioritaria a las más de 5.000 personas confinadas que permanecen expuestas a la inseguridad alimentaria, falta de atención en salud y amenazas a su integridad.
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En este contexto, la entidad enfatizó que seguirá trabajando en la promoción y protección de los derechos humanos en Bolívar y en otras regiones del país que sufren el impacto del accionar de grupos armados ilegales. Asimismo, hizo un llamado a la solidaridad nacional e internacional para acompañar la respuesta humanitaria que se requiere con carácter de urgencia.
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