La búsqueda de desaparecidos en La Escombrera en Medellín ya cumple un año, pero denuncian fuertes diferencias institucionales

El hallazgo de seis víctimas recuperadas en lo que va del año en La Escombrera ha insuflado un renovado sentido de esperanza en la comunidad buscadora de la Comuna 13 en Medellín, pero al mismo tiempo ha evidenciado profundas tensiones institucionales y la persistente urgencia por encontrar a cientos de desaparecidos.

En las recientes jornadas, las organizaciones de víctimas han reclamado públicamente por la exclusión de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) del proceso, señalando que la articulación entre entidades es indispensable para avanzar en la verdad y la justicia.

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La noticia principal: la excavación cumple su primer año con avances en los hallazgos, pero en medio de líos por la desarticulación que amenaza la confianza reconstruida en el Estado.

El proceso de intervención en La Escombrera se intensificó a partir del 26 de julio de 2024, cuando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó medidas cautelares sobre el área. Según cifras compartidas por la Corporación Jurídica Libertad, la zona intervenida podría albergar más de 400 cuerpos de personas desaparecidas solo de la Comuna 13, incluyendo víctimas directas de la Operación Orión.

En el último año se han removido más de 43.000 metros cúbicos de tierra y escombros, abarcando un polígono de 10.700 metros cuadrados, luego de que la JEP ordenara ampliar el área de búsqueda en mayo.

Durante el acto conmemorativo que encabezaron Mujeres Caminando por la Verdad y la Corporación Jurídica Libertad a la entrada de La Escombrera, los familiares de desaparecidos rindieron tributo colocando flores y siluetas de cartón de sus seres queridos.

Luz Elena Galeano, vocera del colectivo, sintetizó lo que ha sido este recorrido en medio de declaraciones recopiladas por El Espectador. “Durante estos doce meses, Mujeres Caminando por la Verdad hemos recorrido este proceso de búsqueda con dolor, dignidad y firmeza. Hemos llorado y resistido juntas, sosteniéndonos en el abrazo, la palabra y la memoria. Hoy, tras un año de haber comenzado esta excavación, nos conmueve profundamente decir que se han recuperado seis víctimas. Aunque no bastan frente al inmenso número de personas desaparecidas en la Comuna 13, estos hallazgos representan un paso importante en la lucha por la verdad”.

El evento sirvió también de plataforma para denunciar las dificultades que entorpecen el proceso de búsqueda, especialmente la ruptura de protocolos de comunicación y la exclusión de la Ubpd.

“No podemos dejar de expresar nuestra preocupación por el incumplimiento del protocolo de comunicaciones, que fue construido para garantizar el principio de centralidad de las víctimas. Las acciones unilaterales por parte de la Alcaldía, la JEP y la Ubpd han roto acuerdos básicos de respeto, cuidado y corresponsabilidad con las familias”, complementó Galeano.

La publicación de un comunicado por la JEP sobre los restos hallados, sin consenso con la Unidad de Búsqueda y las familias, derivó en mayores fricciones. Las madres buscadoras insistieron en que deben ser ellas, junto a la Corporación Jurídica Libertad, quienes validen primero esa información.

La comunidad buscadora expresó además una “preocupación por la exclusión de la Unidad de Búsqueda de este proceso”. En un comunicado leído en la ceremonia, resaltaron que la ausencia de la Ubpd afecta “la integridad, la transparencia y la legitimidad del proceso”.

Frente a la disputa entre la JEP y la Ubpd, Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, enfatizó que “la búsqueda siempre es humanitaria, hágala quien la haga. Hay una respuesta que se les tiene que dar a los familiares y el responsable de esa búsqueda es el Estado. Tiene que haber un esfuerzo mancomunado de todas las entidades. Nos parece que esa es una discusión que no debería darse”.

Para Luz Elena Galeano, la falta de articulación entre las entidades representa un golpe directo a la confianza de las familias.

“Antes teníamos mucha desconfianza en todas las instituciones y ver nuevamente esta desarticulación es una acción con daño, porque habíamos empezado a recuperar esa confianza y acá se rompe de nuevo una parte”, señaló.

Las organizaciones recalcaron que la medida cautelar de la JEP solo puede ser efectiva si existe coordinación plena con la Ubpd y apuntaron que la desarticulación administrativa erosiona la legitimidad y genera frustración en las familias afectadas por la desaparición.

“La intervención en La Escombrera es resultado de una medida cautelar de la JEP, pero su implementación requiere una coordinación real y articulada con la Ubpd”, declararon.

En cuanto a la magnitud de la tragedia, los colectivos señalaron que ninguno de los seis cuerpos recuperados pertenece a familiares de las Mujeres Caminando por la Verdad, pero apelaron a la continuidad de la búsqueda para los más de 500 desaparecidos de la Comuna 13 y las cerca de 6.000 víctimas del área metropolitana de Medellín.

“Sobre el caso de la Comuna 13 ya han sido encontradas, además de estos seis cuerpos, dos personas más que fueron recuperadas en el cementerio de Santo Domingo y otra en el municipio de Anorí. Siempre hemos dicho que la búsqueda es importante acá en La Escombrera, pero se tiene que avanzar en otros lugares”, comentó Arboleda.

Entre los desafíos señalados por la Corporación Jurídica Libertad figuran garantizar la continuidad técnica, política y financiera de las intervenciones, avanzar en la identificación de los restos recién encontrados y fortalecer la coordinación entre JEP y Ubpd.

“Se necesita justicia. La tierra no solo está hablando de los desaparecidos, también está revelando crímenes atroces, complicidad estatal, torturas, desapariciones y ejecuciones. Están saliendo a la luz la impunidad y el silencio de quienes se beneficiaron de esta violencia”, detallaron en otro de sus comunicados.