La violencia sigue generando desplazamientos de familias residentes del municipio de Valdivia, en el departamento de Antioquia.
Según reportes oficiales, en la última semana de julio de 2025, al menos 50 personas de la vereda La Llana del municipio antioqueño abandonaron sus hogares tras los combates entre el Ejército Nacional y miembros del ELN.
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Sumado a ello, la alcaldía municipal denunció una nueva modalidad de los grupos al margen de la ley para difundir amenazas, coordinar acciones criminales y sembrar el miedo entre la población civil.
En declaraciones a Blu Radio, el alcalde de Valdivia, Carlos Molina, las organizaciones ilegales han adoptado las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea como herramientas para generar pánico y zozobra en la comunidad.
La modalidad consiste en el envío de mensajes de texto y audios a través de WhatsApp, en los que se advierte sobre enfrentamientos armados, retenes ilegales o la presencia de actores armados en zonas urbanas y rurales.
“Audios a través de grupos de WhatsApp, de estos grupos subversivos, digamos, alertando sobre la inminente confrontación y que esto hizo, pues, que algunas familias salieran de sus residencias y estén hoy en condición de desplazamiento en la localidad”, declaró el mandatario local en el citado medio de comunicación.
Sin embargo, el alcalde manifestó que en Valdivia no ha sido el único territorio en donde se ha visto este fenómeno. En municipios como El Bagre, las autoridades han confirmado que los habitantes han recibido intimidaciones directas mediante esta vía, lo que ha incrementado la sensación de inseguridad y ha provocado que muchas personas abandonen sus hogares por temor a verse atrapadas en medio de la violencia.
Además, en Ituango también se han reportado casos similares, donde la circulación de cadenas de mensajes ha precedido a hechos violentos, como enfrentamientos entre grupos armados en veredas como La Llana y La Coposa.
En estos lugares, la difusión anticipada de información sobre posibles ataques ha provocado desplazamientos masivos y ha dejado a numerosas familias en situación de vulnerabilidad.
No obstante, las autoridades del departamento han iniciado investigaciones para rastrear el origen de estos mensajes y determinar qué estructuras criminales se encuentran detrás de este método de comunicación.
“El objetivo es identificar a los responsables y frenar la propagación de información falsa o intimidatoria que, además de infundir miedo, ha derivado en afectaciones como los confinamientos en la ruralidad de Antioquia”, mencionó la fuerza pública en declaraciones citadas por la cadena radial colombiano.
Falta de fuerza pública en Antioquia
De otro lado, el secretario de Seguridad de Antioquia, el general en retiro, Luis Eduardo Martínez, advirtió que la fuerza pública no cuenta con los recursos ni las capacidades suficientes para enfrentar la ola de violencia que afecta al municipio de Valdivia.
En diálogo con Caracol Radio, el funcionario recalcó que la situación se ha agravado durante 2025, año en el que se han registrado 12 acciones terroristas en el sector conocido como La Paulina, todas atribuidas al ELN.
“La cantidad de fuerza pública no solo es insuficiente, sino que no tiene las capacidades necesarias para atender esta clase de hechos”, mencionó el secretario a la cadena radial.
Martínez enfatizó que estos ataques no pueden considerarse hechos aislados, ya que existe un patrón de repetición en el mismo punto y por la misma estructura armada.
“Estos ataques no son hechos aislados. Hay redes de apoyo al terrorismo en la zona, probablemente entregando información en tiempo real. Es inaceptable que se sigan presentando acciones en el mismo punto, por la misma estructura, sin que se tomen decisiones estructurales”, indicó.
De igual manera, señaló que ha enviado múltiples comunicaciones al Ministerio de Defensa solicitando un aumento de la presencia militar y refuerzos diferenciados para enfrentar la amenaza creciente en la región.
“No puede ser que un grupo criminal esté retando al Estado una y otra vez en el mismo lugar. Se requiere inteligencia focalizada y presencia constante para judicializar a estas redes”, expresó.
Por último, recordó que las autoridades han ofrecido hasta 500 millones de pesos de recompensa por información que permita la captura de los responsables de estos crímenes que afectan a la población antioqueña.
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