“Estamos ante el todo o nada. Tenemos 9 meses para ganar las elecciones en primera vuelta o para ver cómo se hunde el país”, Vicky Dávila

En medio de un clima de preocupación política y social en Colombia, la periodista Vicky Dávila publicó un mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter) donde enfatizó que “la estrategia del terror” marca el actual panorama nacional.

Esta declaración se da tras referirse a los recientes atentados y decisiones judiciales, y encuadra el debate en torno a las próximas elecciones: “No nos podemos rendir. No nos vamos a rendir, colombianos valientes”, indicó.

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Según Dávila, “en menos de dos meses los criminales y la izquierda radical hicieron MOÑONA. Le dispararon a Miguel Uribe en la cabeza y condenaron a Álvaro Uribe, llevándolo a la detención. Una estrategia de eliminación (SIC)”, afirmó la candidata presidencial.

En este mensaje, la periodista conecta dos acontecimientos recientes, el ataque a Miguel Uribe y la detención de Álvaro Uribe, como parte de lo que describe como una ofensiva coordinada contra figuras de la oposición.

Dávila sostiene que aquellos que promueven “un país justo, seguro, con oportunidades para todos y con salud digna” deben enfrentar lo que califica como el “todo o nada”. Insistió en que “tenemos 9 meses para ganar las elecciones en primera vuelta o para ver cómo se hunde el país, mientras el Gobierno corrupto persigue a la oposición y a los empresarios, destruye la economía, deja avanzar más a los criminales en el territorio y doblega al ciudadano sin medicamentos ni comida”.

En su publicación, la periodista atribuye la coyuntura actual a “la estrategia del terror”, señalando que el Gobierno estaría involucrado en acciones de persecución contra la oposición y los empresarios, así como en permitir el deterioro de la economía y el incremento de la criminalidad.

Este mensaje concluyó con un llamado explícito a la resistencia y a la movilización de “colombianos valientes”.

Las declaraciones de Vicky Dávila reflejan una postura crítica frente al gobierno y alertan sobre los riesgos de cara a la próxima contienda electoral, subrayando su percepción de una amenaza a la democracia y al bienestar social del país.

Vicky Dávila exige protección para Day Vásquez en caso Petro

Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos, manifestó en redes sociales su preocupación tras la retirada de su esquema de seguridad oficial.

“¿Para qué me quitaron la seguridad? Claramente, para presionarme a no hablar porque saben que no tener seguridad me hace vulnerable. Llevo dos meses pidiendo que se me devuelva mi esquema y solo me dicen que está en proceso el estudio de nivel de riesgo”. Vásquez se encuentra en el centro de una investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos que involucra al hijo del presidente de Colombia.

Su testimonio, clave en el proceso, la ubicó en el foco público y la ha expuesto a amenazas.

La periodista y candidata presidencial Vicky Dávila emitió declaraciones en la red social X, en las que calificó a Vásquez como una mujer valiente y advirtió sobre los posibles riesgos que corre su integridad tras el retiro de su protección. Dávila hizo un llamado a la responsabilidad institucional y a la garantía de seguridad para la principal testigo de este caso judicial.

Hasta el momento, las autoridades no han presentado una explicación formal sobre el retiro de las medidas de protección. Vásquez asegura que, desde hace dos meses, solicita su restitución y solo ha recibido la confirmación de que su situación está bajo análisis.

Esta indefinición genera inquietud, especialmente entre organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre el posible uso de la falta de protección como mecanismo de presión.

Desde el inicio de su participación como testigo, Vásquez ha denunciado amenazas y la ausencia total de protección, tanto en junio de 2025 como en el presente, sin respuestas formales.

La Unidad Nacional de Protección argumentó una disminución del riesgo tras reevaluar su situación, pero Vásquez sostiene que la cancelación de su esquema responde a intereses distintos de la seguridad ciudadana y mantiene denuncias sobre persecución.

La situación de Vásquez destaca la tensión entre la necesidad de proteger a testigos en procesos de alto impacto y las decisiones administrativas que pueden aumentar su vulnerabilidad. El caso mantiene la atención sobre la responsabilidad estatal en la protección efectiva de quienes colaboran con la justicia en investigaciones de relevancia nacional.