La firma Víctor Mosquera Marín Abogados, apoderados del expresidente Álvaro uribe Vélez, presentó el 31 de julio de 2025 una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, acusándolo de incurrir en hostigamiento y calumnia contra el exmandatario.
La acción legal se fundamenta en una serie de mensajes publicados por el jefe de Estado el 28 y 29 de julio en su cuenta oficial de X, donde cuenta con más de ocho millones de seguidores, en los cuales habría vinculado a Uribe con homicidios, narcotráfico, paramilitarismo y corrupción.
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Según la denuncia, estas afirmaciones carecen de respaldo judicial y vulneran los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre y la dignidad del exmandatario.
Sobre el origen y el medio de las expresiones, la firma afirmó:“Estas expresiones, proferidas desde la investidura presidencial y usando canales institucionales, no solo constituyen un atentado a la honra, el buen nombre y la dignidad personal y política del Dr. Álvaro Uribe Vélez,”
En cuanto al efecto y la intención detrás de esas expresiones, añadieron:“sino que además configuran una conducta sistemática de estigmatización y hostigamiento político, dirigida a deslegitimar a un líder político de relevancia nacional y a quienes comparten su ideología.”
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El abogado Víctor Mosquera, apoderado de Uribe, sustentó la denuncia en los artículos 134B y 221 del Código Penal, que tipifican los delitos de hostigamiento y calumnia.
La Comisión de Acusación es el órgano competente para investigar al presidente en ejercicio, de acuerdo con la Constitución.
La denuncia argumenta que las declaraciones de Petro representan “una clara violación de los límites constitucionales e internacionales a la libertad de expresión”, citando la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Según el comunicado, los mensajes presidenciales constituyen una estrategia de descrédito y retaliación política, dirigida no solo contra Uribe, sino también contra quienes comparten su orientación ideológica.
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La firma concluyó reafirmando su compromiso con la defensa del orden constitucional y expresó su confianza en que las autoridades actúen con imparcialidad, independencia y respeto al marco normativo, protegiendo tanto los derechos del expresidente como “el equilibrio democrático de la Nación”.
El enfrentamiento político entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez escaló nuevamente tras un cruce de acusaciones en redes sociales.
Uribe sugirió que Petro debía someterse a un examen toxicológico, aclarar el origen del dinero recibido en bolsas en un video de 2006 y renunciar al indulto que, según él, permitió su reintegración a la vida civil tras su militancia en el M-19.
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“Cuando usted renuncie al indulto por el cual yo voté, aclare el dinero que recibió en oscuras bolsas, se haga un examen toxicológico [...] tendrá usted por lo menos algo de honor para tan siquiera poder hacer esa sugerencia”, escribió el exmandatario.
La respuesta de Petro fue directa: “No estoy intoxicado, no he dejado salir sangre por litros, ni mía, ni de nadie. [...] No tengo indulto que renunciar, nunca lo recibí: estuve en la cárcel preso y no me dieron prisión domiciliaria, eso sí me torturaron siete días”.
Además, invitó a Uribe a un “pacto de la verdad” y propuso que ambos comparezcan ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para esclarecer hechos del pasado relacionados con el paramilitarismo y su propia militancia en el M-19.
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Petro también se refirió al episodio de las “bolsas” de dinero, recordando que la Corte Suprema archivó el caso tras comprobar que los fondos correspondían a su campaña de 2006 y estaban debidamente registrados.
La controversia se desarrolla en un contexto de polarización política y tras la reciente condena a Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal.
Las alusiones al M-19, al caso Odebrecht y a la JEP han convertido este choque en un debate sobre la transparencia, la legitimidad de los expresidentes y el derecho a conocer la verdad sobre episodios oscuros de la historia reciente de Colombia.
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