Esta es la ruta de reintegración de los Comuneros del Sur, la “disidencia” del ELN que dialoga con el Gobierno Petro: tendrían participación política

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) presentó la ruta de reintegración colectiva diseñada específicamente para los Comuneros del Sur, el grupo armado que se separó del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y opera en el departamento de Nariño.

Con el grupo armado, que inició su propio diálogo con el Gobierno Petro en mayo de 2024, se contempla en primera instancia a creación de una zona de ubicación temporal en el municipio de Mallama, en Nariño. Esta zona, la tercera de su tipo bajo la política de ‘paz total’, la cual funcionará durante un año a partir de la expedición del acto administrativo correspondiente, y servirá como espacio de concentración para los excombatientes mientras avanzan hacia la vida civil.

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La confirmación de este enclave se produjo al cierre del séptimo ciclo de negociación en Pasto, según la información difundida por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Este plan constituye el tercer eje de la mesa de construcción de paz territorial en Nariño, sumándose a los ya existentes de desescalamiento del conflicto y transformaciones territoriales.

Los cuatro ejes del plan de reintegración

El programa establece, de manera concreta, cuatro componentes fundamentales para la reintegración de quienes sean mayores de edad, se encuentren en libertad y cuenten con la certificación de exintegrantes del frente: social, político, económico y comunitario.

En el ámbito político, la ruta de reintegración contempla la participación electoral y ciudadana de los excombatientes. El documento elaborado por la ARN recoge la voluntad del grupo armado de mantener su incidencia en los procesos sociales de la región, ahora como movimiento social y político.

Para ello, se prevé la formación en capacidades de liderazgo, incidencia política y participación electoral, así como la creación de rutas para superar obstáculos a la participación y la promoción de espacios que permitan incluir acciones de reintegración en propuestas de gobierno a nivel nacional, regional y local.

El componente económico del programa ofrece una serie de beneficios orientados a facilitar la transición a la vida civil: entre ellos destacan una renta básica durante dos años, una asignación inicial única para la normalización, capital semilla para el desarrollo de proyectos productivos, estrategias de empleabilidad, acompañamiento y fortalecimiento de procesos productivos y apoyo a las economías de cuidado.

En el plano social, el programa garantiza el acceso a la educación tanto para las personas en proceso de reintegración como para sus hijos, así como acompañamiento psicosocial y acceso a servicios de salud mental, sexual y reproductiva. Además, se contempla la atención específica a personas gestantes y lactantes, y el apoyo para acceder a rutas de vivienda digna.

El componente comunitario, por su parte, establece la apertura de programas de armonización y la promoción de procesos de diálogo y reconciliación, con el objetivo de consolidar la paz territorial en las zonas afectadas por el conflicto.

La ARN ha llevado a cabo dos encuentros con miembros de los Comuneros del Sur, en los que participaron aproximadamente 140 personas, y otro con autoridades y líderes de los cabildos indígenas de El Sande, Mayasquer y la Montaña, con la presencia de 30 personas. Estos espacios permitieron realizar una caracterización preliminar del grupo, conocer sus expectativas respecto al tránsito a la vida civil, identificar la percepción de las autoridades y líderes comunitarios sobre el proceso y desarrollar ejercicios iniciales de pedagogía sobre la misión de la Agencia.

En el horizonte inmediato, quedan pendientes decisiones clave como la eventual suspensión de las órdenes de captura contra los exintegrantes, una medida que deberá contar con la aprobación de la Fiscalía General de la Nación. Además, se evalúa la posibilidad de establecer un cese del fuego o la suspensión de operaciones ofensivas, paso que, según confirmó Erazo, requerirá la oficialización por parte del presidente Gustavo Petro.