El gobierno de Colombia, encabezado por Gustavo Petro, enfrenta tensiones internas a raíz de posturas divergentes sobre el papel del expresidente Álvaro Uribe.
Según información de Vanguardia, Petro expresó que en la administración actual “hay muchísima gente dentro del Gobierno buscando cómo no se hacen las cosas porque ellos quieren que vuelva Uribe o el que diga Uribe”, aludiendo a posibles aspiraciones presidenciales de sectores afines a la derecha con miras a 2026.
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El mandatario, durante una visita al municipio de Caloto en el departamento del Cauca, donde inauguró antenas de telecomunicaciones en conjunto con una comunidad indígena, se refirió al caso judicial de Uribe, quien fue condenado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Respetando el principio de presunción de inocencia, Petro sostuvo: “No voy a hablar de Uribe porque respeto a las personas cuando están ‘sub iudice’ (pendiente de una resolución judicial) porque solo son seres humanos”.
En sus declaraciones, Petro evocó un refrán popular para subrayar su postura sobre el proceso que enfrenta el exmandatario. “Del árbol caído todos hacen leña”, citó, y añadió sobre Uribe, “después se para” y sale adelante.
El jefe de Estado de Colombia, en sus palabras, se distanció de la estigmatización, deseando que Uribe pronto pueda dejar atrás sus asuntos judiciales: “A lo mejor, ojalá, que vaya a tener sus nietos y cuidarlos bien, tranquilo, porque la historia es un fluido y tiene que pasar”.
La situación judicial de Álvaro Uribe, líder del partido Centro Democrático, lo ha convertido en el primer expresidente colombiano condenado en un proceso penal.
El origen de la causa data de 2012, cuando, en su calidad de senador, denunció por supuesta manipulación de testigos al entonces congresista Iván Cepeda, lo que posteriormente derivó en una investigación en su contra por parte de la justicia ordinaria. La jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, debe leer la sentencia esta semana, la cual oscilaría entre cuatro y ocho años de prisión.
El contexto nacional gira en torno a los alcances judiciales para procesar incluso delitos vinculados al conflicto armado colombiano.
En ese debate, Petro sugirió la posibilidad de que Uribe acuda a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo creado tras el acuerdo de paz con las Farc, con el objetivo de esclarecer crímenes relacionados con el conflicto. Petro afirmó: “A la JEP puede ir Uribe Vélez y entregar a Colombia una verdad que, aunque dolorosa, puede ayudar a salir definitivamente de la violencia”.
En respuesta, el propio Uribe recriminó al presidente desde su cuenta en la red social X y aludió a los orígenes guerrilleros de Petro, condicionado su aceptación a cualquier sugerencia similar a que primero “renuncie al indulto” recibido tras su desmovilización y aclare otros episodios pendientes.
Finalmente, la JEP documentó previamente que al menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008, periodo durante el cual Uribe ocupó la presidencia.
A raíz de estos antecedentes, el posible tránsito del exmandatario por ese tribunal se mantiene como punto de debate dentro del panorama político y judicial colombiano.
Petro reta a Uribe a comparecer ante la JEP en medio de cruce de acusaciones
“No estoy intoxicado, no he dejado salir sangre por litros, ni mía, ni de nadie. Ni me gusta el aguardiente. No sufro de intoxicaciones ni de otros males del espíritu, otros se intoxican del poder y del crimen, mantengo mi espíritu libre. No tengo indulto que renunciar, nunca lo recibí: estuve en la cárcel preso y no me dieron prisión domiciliaria, eso sí, me torturaron siete días”, con estas palabras, Gustavo Petro respondió de manera directa a las acusaciones de Álvaro Uribe Vélez, en un nuevo episodio del enfrentamiento público entre el actual presidente de Colombia y el exmandatario.
El intercambio, que ha escalado en tono y contenido, se centra ahora en la propuesta de Petro de que ambos se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como parte de un “pacto de la verdad”, una invitación que busca llevar la disputa política al terreno judicial y de la memoria histórica.
La controversia se reavivó después de que Uribe Vélez fuera hallado culpable de dos de tres delitos, fraude procesal y soborno en actuación penal, en un proceso judicial que ha marcado la agenda política reciente.
En este contexto, el presidente Petro insistió en que la sociedad colombiana merece conocer la verdad sobre la conformación de los grupos paramilitares y el papel de los principales actores políticos en ese fenómeno.
La propuesta de Petro consiste en que tanto él como Uribe comparezcan ante la JEP, el tribunal de cierre encargado de esclarecer los hechos más graves del conflicto armado, para que ambos rindan cuentas y se expongan a un escrutinio judicial imparcial.
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