El Partido Conservador recibió un golpe judicial que afecta su funcionamiento operativo y su imagen pública.
El Juzgado 51 Civil del Circuito de Bogotá ordenó el embargo de hasta 1.100 millones de pesos de las cuentas bancarias del Fondo Nacional Económico de la colectividad y el secuestro preventivo de su sede principal, una casona de los años cincuenta ubicada en el barrio La Soledad, en el sector del Park Way.
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La decisión, tomada el pasado 10 de febrero de 2025, responde a una demanda por incumplimiento de pagos relacionada con la campaña presidencial de David Barguil en 2022, de acuerdo al informe del medio Cambio.
La medida cautelar se habría originado en una deuda con la empresa Media Consulting Group Colombia S.A.S., encargada de ejecutar un contrato de promoción política durante las elecciones legislativas de 2022.
De acuerdo con la denuncia presentada por Marlon Díaz, representante legal de Media Consulting, el acuerdo inicial, firmado el 3 de febrero de ese año, fue modificado verbalmente por directivos del partido, quienes ordenaron destinar recursos originalmente diseñados para promocionar candidatos al Congreso hacia la campaña presidencial de Barguil.
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Díaz asegura que recibió instrucciones directas de Elías Raad, entonces directivo conservador, y de Natalia Morales Urquijo, secretaria de prensa de la colectividad, para contratar espacios de televisión en horario estelar, según el medio citado.
En total, se redireccionaron 280 millones de pesos a comerciales de 30 segundos en Caracol TV que no estaban contemplados en el contrato original.
El empresario afirma que le prometieron un reembolso posterior a través de donaciones y ajustes internos, con el fin de que el gasto no quedara registrado como parte de la campaña presidencial.
Esa maniobra, de ser cierta, habría permitido a la campaña de Barguil evadir el control del Consejo Nacional Electoral y superar los límites legales de gasto. El dinero, sin embargo, nunca habría sido reembolsado.
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Media Consulting tuvo que responder con recursos propios y terminó acumulando deudas con medios de comunicación, incluyendo Caracol Radio, lo que llevó a sanciones comerciales y afectaciones financieras.
Ante la falta de respuesta del partido a múltiples reclamaciones, el 27 de noviembre de 2023 Díaz envió un requerimiento formal de pago al entonces presidente del partido, Efraín Cepeda.
En esa comunicación advirtió que, de no resolverse el problema, iniciaría acciones legales que podrían generar un escándalo mediático al exponer la presunta violación de los topes de financiación electoral.
No hubo respuesta. En 2024, Media Consulting presentó una demanda ejecutiva, soportada con la Factura No. 068, por 720 millones de pesos.
El juzgado falló a favor de la empresa, decretando el embargo de cuentas por hasta 1.100 millones de pesos y el secuestro del inmueble de matrícula 50C‑867935, donde funciona la sede del partido.
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Además del golpe económico, la decisión judicial podría desencadenar investigaciones adicionales.
El Consejo Nacional Electoral puede revisar si la campaña presidencial de Barguil superó los topes permitidos y si se utilizó de forma irregular la contabilidad del partido para ocultar gastos.
De confirmarse estas acusaciones, tanto la colectividad como la campaña podrían enfrentar sanciones económicas y administrativas.
El juzgado programó una audiencia inicial para el 21 de agosto de 2025, en la que se escucharán testimonios y se evaluarán pruebas.
Hasta entonces, la histórica casona conservadora permanecerá bajo custodia judicial y las cuentas del Fondo Nacional Económico seguirán congeladas.
El embargo no solo compromete la capacidad administrativa del partido, sino que también golpea su simbolismo: la casona de La Soledad es un referente de la colectividad, sede de reuniones de directorios políticos, de campañas y de eventos institucionales durante décadas.
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Consultados por el medio Cambio, voceros del partido aseguraron que el proceso está en manos de sus abogados y que no emitirán pronunciamientos mientras avance la acción judicial.
Por su parte, David Barguil no ha hecho comentarios sobre el señalamiento que vincula su campaña con el uso irregular de recursos del partido.
La situación representa uno de los mayores retos recientes para una colectividad de más de 170 años de historia, que ahora deberá responder no solo por una deuda de 720 millones de pesos, sino también por el cuestionamiento sobre la forma en que manejó los recursos en una campaña presidencial fallida.
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