Gremio carbonero también amenazó con paro indefinido desde el 4 de agosto: “Nos han puesto contra la pared”

El gremio carbonero de Boyacá confirmó la convocatoria a un paro indefinido desde el lunes 4 de agosto en el municipio de Paipa.

Empresarios del sector aseguraron que la situación económica se ha vuelto insostenible tras un año marcado por la falta de pago de empresas públicas a las que le han vendido el carbón, sumado al cierre de las exportaciones y el aumento de las cargas impositivas impulsadas por el Gobierno nacional.

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Los representantes de los pequeños y medianos empresarios carboneros aseguran que la crisis actual pone en riesgo la continuidad de más de mil puestos de trabajo directos en el municipio y amenaza la subsistencia de decenas de empresas familiares.

Así mismo, argumentan que las nuevas medidas del Gobierno han tenido un impacto negativo en el desarrollo de la industria y denuncian que no existen alternativas viables para comercializar el carbón producido en la región.

Según relataron los voceros del sector, desde hace varios años mantienen convenios de venta de carbón con distintas empresas, especialmente compañías públicas dedicadas a la generación de energía eléctrica mediante combustibles fósiles.

Sin embargo, desde marzo de 2023 una de estas empresas, identificada como una de las principales compradoras del mineral, ha incumplido con los pagos.

“Aunque no hemos dejado de trabajar ni de cumplir con nuestras obligaciones fiscales y laborales, la falta de pago ha generado un hueco financiero gigantesco. No podemos seguir asumiendo salarios, impuestos y funcionamiento si no se recibe el dinero correspondiente”, explicó un empresario carbonero de Paipa, que prefirió no dar su nombre por temor a represalias comerciales, en declaraciones publicadas por La W.

El declive de los ingresos ha llevado a que la mayoría de las compañías trabajen con recursos mínimos. Muchos han debido endeudarse, refinanciar costos o vender propiedades para cubrir gastos básicos y el pago de nómina.

La prolongación de estos impagos ha dejado al borde de la quiebra a las minas familiares y pequeñas empresas de la zona.

“Estos retrasos en los pagos nos han puesto contra la pared. Hay compañeros que hace meses no pueden costear la salud de sus familias o el estudio de sus hijos, porque todos nuestros ingresos dependen de la minería”, agregó el mismo vocero.

A los problemas de liquidez se suma la imposición de políticas más estrictas desde el Gobierno nacional. El gremio señala que el cierre de las exportaciones, decretado en el marco de la transición energética y las advertencias sobre el impacto ambiental del uso de carbón, han obstaculizado la posibilidad de vender el excedente de producción en mercados extranjeros.

“La postura del presidente Gustavo Petro hacia el sector ha sido muy negativa. La decisión de restringir las exportaciones ha cerrado la única puerta que teníamos para diversificar y sostener nuestros ingresos. Sumado a eso, las cargas tributarias recientes han incrementado considerablemente los costos operativos”, puntualizó otro empresario del gremio.

Los empresarios aseguraron que las políticas de transición energética —dirigidas a desmontar poco a poco la dependencia del sector carbonífero— no han venido acompañadas de alternativas económicas eficientes ni de programas sociales sólidos que permitan una reconversión laboral o productiva para los mineros y sus familias.

La suma de estos factores llevó al gremio a tomar la decisión de convocar a un paro indefinido a partir del 4 de agosto. El cese de actividades se desarrollará en múltiples puntos de Paipa, en las que se espera la presencia de más de cincuenta empresarios, acompañados por trabajadores y familiares que ven amenazada su fuente de ingresos.

“Nos hemos reunido más de cincuenta y hasta sesenta empresarios del carbón para tomar una medida de presión pacífica. Pedimos al Gobierno nacional diálogo efectivo y soluciones urgentes que permitan salvar la industria y proteger el empleo formal en la región. Tenemos la convicción de que es una situación nunca antes vista en el departamento de Boyacá”, sostuvo un representante del gremio.

Además de la movilización en Paipa, los organizadores anunciaron jornadas de visibilización en medios y plataformas digitales para exponer la crisis y exigir la intervención de entidades como el Ministerio de Minas y Energía. Hasta ahora, no se ha conocido una respuesta oficial por parte del Gobierno.