El 1 de julio de 2025 se cumplió un año desde que un grupo de más de 20 personas ejecutó el asalto a la sede de la empresa de valores Prosegur en Barranquilla: un hecho en el que se sustrajeron 85.000 millones de pesos y el cual, por la magnitud de y la logística, ha sido calificado como el “Robo del Siglo” en Colombia.
Según la información recopilada por las autoridades y difundida por medios nacionales, Karelis López Vergara fue identificada como una de las piezas clave en la ejecución del plan, luego de quedar registrada en las cámaras de seguridad abriéndole la puerta a los delincuentes, que ingresaron disfrazados con uniformes de guardas de seguridad y ejecutaron el millonario hurto.
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Al respecto, la respuesta judicial no se hizo esperar. En noviembre de 2024, López, la entonces vigilante de la empresa de valores, y varios de sus presuntos cómplices fueron capturados; en una operación en la que, en total, 10 personas enfrentan actualmente procesos ante la justicia por su presunta participación en el millonario hurto. Inicialmente, la exvigilante recibió el beneficio de detención domiciliaria en Valledupar, pero la Fiscalía apeló esta decisión, argumentando la gravedad de los hechos y el riesgo procesal.
Sin embargo, una juez de segunda instancia revocó el martes 29 de julio de 2025 la medida de casa por cárcel para López Vergara y ordenó su traslado inmediato al centro de reclusión El Buen Pastor en Barranquilla, según informó Blu Radio.
La funcionaria judicial instruyó al Inpec a ejecutar el traslado en un plazo máximo de 10 días. Esta decisión marca un giro en el tratamiento judicial del caso, al endurecer las condiciones de reclusión para la principal señalada.
El caso de López Vergara adquirió un matiz inesperado cuando, a pesar de encontrarse bajo detención domiciliaria en Valledupar, celebró su boda el 2 de enero en un exclusivo salón de Villanueva, en La Guajira. De acuerdo con el citado medio, la Fiscalía investiga si existió una autorización formal del Inpec o de algún juez para que la exvigilante de Prosegur pudiera desplazarse y contraer matrimonio fuera del lugar donde debía cumplir la medida restrictiva, o si, por el contrario, incurrió en una violación de las condiciones impuestas por la justicia.
El caso de Karelis López Vergara y el “Robo del Siglo” en Barranquilla causó interrogantes sobre la seguridad en el sector de valores, la capacidad de las autoridades para prevenir delitos de gran escala y la eficacia de los mecanismos de control sobre los procesados por crímenes de alto impacto.
Un robo meticulosamente planeado
La planeación del asalto se remonta a junio de 2024, cuando los implicados comenzaron a diseñar un esquema detallado para irrumpir en la sede de Prosegur durante la madrugada de un lunes festivo.
Según la Fiscalía, citada por El Tiempo, el éxito del golpe dependía de la colaboración interna: para ello identificaron a vigilante de la compañía como pieza clave para facilitar el acceso a la empresa. Los delincuentes, con el fin de no levantar sospechas en caso de ser sorprendidos, utilizaron uniformes similares a los de la empresa.
La investigación reveló que los criminales, que conformaban un grupo delictivo llamado Los Usurpadores, treparon paredes y lograron ingresar por una ventana, desactivando el sistema de seguridad que protegía la bóveda donde se encontraba el botín.
Entre los capturados figuran, además de López Vergara, alias Royman, “Isaac” y “Yovany”, identificados como presuntos conductores; a su vez, alias Virginia, señalada como campanera; y “Rosillo”, “La Barbie” y “Borracho Puglieser”, considerados colaboradores en distintas fases del delito. En total, los detenidos acumulan 31 anotaciones judiciales por delitos como hurto agravado, porte ilegal de armas, intrafamiliar y uso de documentos falsos.
La Fiscalía, en declaraciones recogidas por El Tiempo, precisó que la operación fue posible gracias a un seguimiento exhaustivo que permitió identificar los roles y movimientos de cada implicado.
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