La Superintendencia Nacional de Salud presentó ante la Corte Constitucional una solicitud formal de nulidad y aclaración frente a la sentencia SU-277-2025, que dejó sin efecto la intervención administrativa de la EPS Sanitas.
El documento, radicado por María Camila Ana Fernanda Lozano Martínez, subdirectora de Defensa Jurídica de la Supersalud, y Yaki Hortúa, fue recibido por la Secretaría General de la Corte días después de publicarse el fallo.
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La decisión judicial original fue producto de una acción de tutela interpuesta por las entidades y personas vinculadas a Sanitas, entre ellas Clínica Colsanitas S.A., Medisanitas S.A.S., Keralty S.A.S. y Juan Pablo Rueda Sánchez, gerente de la EPS.
Según el grupo empresarial Keralty, la intervención estatal, realizada en abril de 2024, afectó el funcionamiento de la entidad, ocasionando aumento en el número de tutelas, dificultades en la red de atención y pérdida de capacidad operativa.
Tras varios meses de litigios, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió que la Supersalud vulneró el debido proceso de los accionantes.
El alto tribunal concluyó que la entidad reguladora actuó de manera contraria a los mandatos constitucionales, al no valorar ni aplicar órdenes previas de la Corte y realizar una interpretación considerada arbitraria del artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, base de la intervención administrativa.
El fallo determinó que las resoluciones de la Supersalud que ordenaban la medida —particularmente aquellas emitidas en abril de 2024 y su prórroga en 2025— quedaron anuladas.
En su argumentación, la Corte señaló que las decisiones de la Supersalud se tomaron sin cumplir diegos mínimos de garantías procesales, lo que llevó a ordenar la devolución de la administración de la EPS Sanitas al grupo Keralty. El impacto de esta decisión fue calificado por Keralty como negativo para el sistema, señalando que durante el año de administración estatal se fragmentaron los servicios y se presentaron retrocesos operativos.
El pronunciamiento oficial de la Supersalud llegó después de recibir información formal sobre el contenido de la sentencia. Según comunicados y oficios divulgados por la entidad, las solicitudes ante la Corte buscan que se clarifiquen los procedimientos y trámites derivados de la sentencia, y que se respete el debido proceso de la Superintendencia como parte accionada en la acción constitucional.
La entidad reguladora fundamenta la nulidad en la supuesta existencia de irregularidades procesales durante la adopción de la sentencia SU-277-2025.
El incidente, según la Supersalud, está orientado a proteger garantías institucionales y a precaver futuras interpretaciones que puedan afectar la función de vigilancia y control sobre el sistema de salud. Además, solicita la suspensión temporal de los efectos de la decisión judicial, hasta tanto se resuelva el recurso presentado.
Por su parte, la Corte Constitucional debe definir si da trámite a las peticiones de nulidad y aclaración, o mantiene la firmeza del fallo original.
En su comunicado, la Supersalud no reveló detalles sobre el contenido completo de los recursos presentados, ni indicó los puntos precisos que considera objeto de aclaración o revisión. La entidad expresó que espera que la Corte resuelva estas solicitudes en el menor tiempo posible.
Mientras tanto, aún no se ha confirmado la fecha en la que el grupo Keralty asumirá nuevamente la administración directa de la EPS Sanitas. Desde la expedición de la sentencia, se mantiene la expectativa sobre el curso que tomará el funcionamiento de la entidad y los efectos de posibles ajustes en el régimen de intervención y supervisión estatal.
El debate sobre el alcance y la legalidad de las intervenciones administrativas en el sector salud permanece abierto, ante la posibilidad de nuevas revisiones judiciales y la reacción de los diferentes actores involucrados. Por ahora, la atención se centra en la decisión que adopte la Corte Constitucional respecto a la solicitud de la Supersalud.
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