En un nuevo movimiento que provoca reacciones encontradas, el Gobierno nacional propuso imponer un arancel del 10% a la importación de buses eléctricos. La medida, planteada a través de un proyecto de decreto del Ministerio de Comercio, fue publicada el 30 de julio y abrió oficialmente el periodo de comentarios del sector privado. Aunque la propuesta se enmarca en los planes de reindustrialización impulsados por el Ejecutivo, para muchos representa un golpe al desarrollo de tecnologías limpias en el país.
La propuesta afecta específicamente a los vehículos clasificados bajo la subpartida arancelaria 8702409090, que incluye los buses eléctricos de transporte masivo. Según el documento, la intención es fomentar la producción local de este tipo de vehículos, fortaleciendo las capacidades industriales del país y dinamizando el encadenamiento productivo en torno al ensamblaje y la fabricación de partes.
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“La propuesta se plantea dada la existencia de producción nacional, así como al potencial de desarrollo de esta industria, clave en la Política de Reindustrialización, especialmente en componentes clave que permiten estructurar cadenas productivas alrededor del ensamblaje de buses eléctricos”, señaló el ministerio.
En paralelo, el decreto también busca beneficiar a los fabricantes nacionales de componentes que podrían integrarse en los procesos de fabricación, en un intento por consolidar un ecosistema industrial más robusto alrededor de la movilidad eléctrica. Desde la cartera de Comercio, el mensaje es claro, fortalecer lo propio antes que depender de lo externo.
Pero, la noticia no fue bien recibida por todos. Desde el gremio de los concesionarios de automotores, las alertas no se hicieron esperar. Aconauto, la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores, expresó su rechazo a través de su presidente ejecutivo, Pedro Nel Quijano, que calificó la propuesta como una barrera para el acceso del consumidor a tecnologías sostenibles. “Aconauto no apoya ningún tipo de aranceles a los vehículos eléctricos porque constituyen barreras al acceso del consumidor a productos amigables con el medio ambiente”, afirmó.
Aunque Quijano reconoció que el objetivo del Gobierno de promover la producción local es válido, insistió en que cualquier restricción comercial de este tipo debe estar sustentada en un cronograma claro, con metas definidas y un tiempo límite. A su juicio, aplicar medidas proteccionistas sin esos elementos puede terminar afectando la competitividad del país y frenando el avance hacia un sistema de transporte más limpio.
Uno de los puntos que más polémica genera es la aparente contradicción entre esta medida y los principios de la transición energética, bandera del Gobierno desde su llegada en 2022. El encarecimiento de los buses eléctricos importados podría dificultar su incorporación en los sistemas de transporte urbano, elevando los costos para los operadores y retrasando la renovación de flotas contaminantes, en momentos en que varias ciudades ya comenzaron a implementar este tipo de vehículos, en muchos casos procedentes de Asia.
El proyecto aclara que las disposiciones estarán sujetas al cumplimiento de los tratados, convenios y acuerdos comerciales internacionales vigentes para Colombia. Es decir, si alguna de estas normas supranacionales entra en conflicto con el arancel, prevalecerán los compromisos adquiridos por el país en el marco del comercio exterior, lo que podría limitar significativamente el alcance efectivo del decreto propuesto.
De ser aprobado, el decreto entraría en vigor 15 días después de su firma. En ese lapso, las observaciones de los sectores involucrados podrían derivar en ajustes al texto, aunque hasta el momento no se ha confirmado si el Gobierno está dispuesto a reconsiderar el porcentaje propuesto o a modificar el alcance de la medida, especialmente si aumentan las presiones desde gremios, ambientalistas y operadores urbanos.
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