
Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, aseguró en una carta que fue objeto de un supuesto intento de soborno de trece mil millones de pesos a cambio de su silencio.
“Romper el silencio sobre graves actos de corrupción cuando sus máximos alfiles aún tienen poder político y público requiere de garantías judiciales. Como testigo clave en un proceso judicial de alto impacto y de interés nacional, debo dirigirme a las autoridades competentes y al país en general para pedir garantías reales y verdades completas”, indicó en su escrito Pinilla, que fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por el entramado de corrupción que se presentó en la entidad.
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Precisó que su colaboración con la justicia tuvo que ser motivo suficiente para enviar a prisión a varios implicados.
Sneyder Pinilla criticó a la justicia por la falta de respuestas ante su denuncia de supuestos sobornos para silenciarlo, motivo por el cual realizó una serie de preguntas en la misiva.

“Mi cooperación y compromiso con la verdad han sido eficaces, contundentes y suficientes para que la justicia colombiana haya decidido enviar a prisión a varios implicados en el escándalo de corrupción de la unidad nacional para la gestión del riesgo, entre ellos a quienes intentaron sobornarme con 13 mil millones de pesos a cambio de mi silencio o de omitir información clave y relevante sobre altos funcionarios públicos”, indicó Pinilla.
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Y agregó: “No hay respuestas claras y concretas. ¿Quién o quiénes pagarían la millonaria suma de dinero? ¿Quién o quiénes son los verdaderos responsables de querer silenciarme? ¿Son los mismos que realizaron amenazas en mi contra y en contra de mi familia? Es fundamental y necesario para que el país conozca la verdad y para que los máximos responsables paguen, así como lo estoy haciendo yo por sus actos, que las investigaciones continúen”.
Asimismo, hizo referencia a las amenazas que presuntamente ha recibido él y su familia.
“La justicia debe operar para todos, no sólo para los mandos medios y para los más débiles. Confirmo una vez más a la opinión pública, al país y a mi familia que sigo y seguiré colaborando con la justicia, que no tengo intenciones de irme de este mundo y que mi arrepentimiento con Colombia es tan grande que lamento cada segundo, cada minuto, cada día los actos de corrupción que cometí”, expresó Sneyder Pinilla.
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Nueva investigación
La Fiscalía General de la Nación investigó a Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, que presuntamente habría participado, junto a otros dos funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el direccionamiento de cinco órdenes de proveeduría.
Estos contratos, destinados al suministro de horas de volquetas y maquinaria amarilla, así como a las interventorías correspondientes, tuvieron como objetivo la atención de emergencias en los municipios de Puerto Escondido, Moñitos, Canaletes, Ciénaga de Oro y Los Córdobas, en Córdoba.
Según la Fiscalía, el valor total de estos contratos presuntamente alcanzó los 8.671 millones de pesos y los recursos no habrían sido entregados a los contratistas.
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Además, se señaló que Pinilla Álvarez habría avalado contrataciones con particulares que no estaban inscritos en los registros oficiales como proveedores de la entidad. La selección de estos particulares se realizó previamente por un funcionario de la Ungrd, lo que generó sospechas sobre posibles irregularidades en el proceso de adjudicación.
La audiencia se desarrolló ante un juez de control de garantías, en el marco de un proceso judicial abierto para esclarecer posibles hechos de corrupción en la entidad.
El caso adquirió notoriedad a comienzos de 2024, después de que el propio Pinilla Álvarez confesó ante la justicia que entregó recursos públicos a los entonces presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, con el objetivo de obtener respaldo político al Gobierno.
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Por estos hechos, un juez declaró a Pinilla culpable de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado. Se convirtió en el primer condenado dentro de este caso, en el que también se investigó a otros funcionarios y contratistas vinculados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
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