
En medio de la controversia desatada por la salida de un menor de edad del centro de atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la directora de la entidad, Astrid Cáceres, confirmó que se activó un protocolo de búsqueda liderado por una defensora de familia con el fin de ubicar al adolescente de 17 años, que había entregado su testimonio voluntariamente sobre el atentado sicarial contra el senador Miguel Uribe Turbay.
El menor, de origen venezolano, se encontraba en un centro de emergencia del Icbf bajo una medida de restablecimiento de derechos, ya que es un migrante no acompañado. Según explicó Cáceres en entrevista con Caracol Radio, el joven no estaba judicializado, ni tenía ninguna medida de privación de la libertad impuesta por autoridad competente.
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“Todo niño que esté sin adulto acompañante empieza un protocolo de búsqueda que incluye a la Policía Nacional, para poder ubicarlo y continuar con el proceso de búsqueda de su familia”, señaló la directora al medio citado.
Un caso de protección, no de judicialización

La situación se tornó polémica luego de que la Procuraduría General de la Nación anunciara la presunta fuga del menor desde la noche del lunes 28 de julio y expresara su rechazo frente a lo ocurrido, solicitando explicaciones al Icbf y el inicio de investigaciones internas.
“Este despacho ha iniciado las indagaciones correspondientes para establecer la responsabilidad de estos hechos, las condiciones de protección en las que se encontraba el adolescente y pide a las autoridades trabajar para dar con su paradero lo más pronto posible”, señaló la entidad en un comunicado.
Sin embargo, desde el Icbf insisten en que no se trata de una fuga, ya que el joven no estaba obligado legalmente a permanecer en el centro. “Agradecemos a la Procuraduría, pero es necesario precisar que el adolescente que rindió declaración no tiene acusación ni privación de libertad. Tiene un restablecimiento de derechos por ser migrante no acompañado, mientras se ubica a su familia. No hay evasión”, aclaró Cáceres en su cuenta oficial de X.

¿Por qué estaba en el Icbf?
El menor fue conducido por la Policía al Icbf después de haberse presentado voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación el viernes 25 de julio. Según explicó la directora del instituto, “el ingreso del chico es por su condición de migrante no acompañado, y como todo adolescente en esa situación, entra en la ruta de restablecimiento de derechos”.
Desde entonces, el adolescente permanecía en el centro de emergencia del Icbf mientras se adelantaban gestiones para ubicar a su familia. La Fiscalía, aunque había recibido su declaración inicial sobre el atentado del 7 de junio, no había realizado ninguna diligencia para judicializarlo ni solicitado medidas restrictivas de libertad.
El adolescente no cometió ningún delito al abandonar el centro, y que su permanencia allí era voluntaria, como parte de un proceso de protección humanitaria. No existen indicios de que haya sido presionado o forzado a salir del lugar, y las autoridades ahora centran sus esfuerzos en ubicarlo para retomar tanto su protección como su eventual colaboración con el proceso judicial.

Desde el enfoque del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y la Ley 1098 de 2006, el Icbf reiteró que su papel en este caso es exclusivamente de protección, y que no tiene competencia para decidir sobre medidas judiciales ni para definir la calidad procesal del menor en la investigación penal.
La Fiscalía había señalado que el testimonio del menor era clave en el esclarecimiento del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido durante un acto político en el barrio Modelia.
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