
Tras la reciente polémica generada por la salida de un adolescente del centro de atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), el presidente Gustavo Petro aclaró el martes 29 de julio las circunstancias que rodean el caso y negó que se trate de una fuga.
El joven, de 17 años, que se había presentado voluntariamente a las autoridades el viernes 25 de julio por su presunta vinculación en el atentado sicarial contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, abandonó recientemente un centro de atención especial del Icbf en Bogotá.
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Sin embargo, tanto el instituto como el mandatario señalaron que el menor no está judicializado ni tenía medida de privación de la libertad, por lo que su salida no debe calificarse como una fuga. A través de su cuenta oficial de X, Petro se dirigió directamente a quienes han cuestionado la gestión estatal y dijo:

“Para quienes dicen que dejamos escapar un menor vinculado al atentado contra Miguel Uribe, es mentira. Una persona libre jurídicamente, ha decidido retirarse del sitio del albergue que le ofrecimos. Previamente dio voluntariamente toda la información de la que disponía a la justicia (sic)”.
Detalles del caso y aclaraciones del Icbf
Astrid Cáceres, directora del Instituto, confirmó que el joven se encontraba en un centro de emergencia de la entidad bajo una medida de restablecimiento de derechos, no bajo detención judicial. La medida fue adoptada por tratarse de un migrante venezolano no acompañado, lo cual implica un proceso de protección y búsqueda de familiares, no una sanción penal.
En entrevista con Caracol Radio, Cáceres explicó: “Todo niño que esté sin adulto acompañante empieza un protocolo de búsqueda que incluye a la Policía Nacional, para poder ubicarlo y continuar con el proceso de búsqueda de su familia”.

La salida del joven desató una controversia cuando la Procuraduría General de la Nación anunció una presunta fuga, rechazó lo ocurrido y solicitó explicaciones al Icbf, además de iniciar investigaciones internas para esclarecer responsabilidades y garantizar la protección del adolescente.
Sin embargo, desde la entidad insisten en que no hubo fuga ni negligencia: “Agradecemos a la Procuraduría, pero es necesario precisar que el adolescente que rindió declaración no tiene acusación ni privación de libertad. Tiene un restablecimiento de derechos por ser migrante no acompañado, mientras se ubica a su familia. No hay evasión”, escribió Cáceres en su cuenta oficial de X.

El menor se presentó voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación, la cual recibió su testimonio inicial sobre el atentado ocurrido el 7 de junio durante un acto político en el barrio Modelia, Bogotá. Sin embargo, no existe hasta el momento ninguna orden judicial en su contra ni medida restrictiva de libertad.
De igual modo, el Icbf aclaró que su rol es exclusivamente de protección, conforme al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y la Ley 1098 de 2006. No le compete decidir sobre medidas judiciales ni determinar la calidad procesal del joven.
El Instituto informó que al abandonar el centro, el adolescente no cometió delito alguno, ya que su permanencia era voluntaria como parte de un proceso humanitario. Las autoridades activaron un protocolo de búsqueda con la Policía Nacional para localizarlo y asegurar su protección, así como para continuar con su eventual colaboración en la investigación.

Por su parte, la Procuraduría anunció que continuará con las investigaciones para determinar si hubo responsabilidad administrativa en el manejo del caso y exigió mayor coordinación entre las entidades estatales involucradas. Mientras continúan las búsquedas para localizar al adolescente, Petro sostiene, de acuerdo con su reciente pronunciamiento en X, que se respetaron sus derechos y que no hubo negligencia ni fuga.
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