El sentido del fallo proferido en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por medio del cual se le halló culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, generó diversos pronunciamientos a nivel nacional e internacional. Congresistas y políticos de Estados Unidos resaltaron en el panorama político por sus múltiples pronunciamientos en contra de la jueza Sandra Liliana Heredia, que tomó la decisión.
Entre los comentarios que surgieron en redes sociales destacó el del secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, que puso en duda la idoneidad y transparencia del sistema de justicia colombiano. Pues, desde su perspectiva, el fallo en primera instancia del proceso penal que se adelanta contra el ex jefe de Estado es resultado de una presunta instrumentalización.
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“El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”, escribió.
Sin embargo, su postura molestó al representante estadounidense Jim McGovern, que calificó de “vergonzoso” su punto de vista por constituir un respaldo a la “impunidad”. Esto, teniendo en cuenta que la justicia colombiana ya lo halló responsable de delitos cometidos en 2018, relacionados con hechos que demostrarían que estuvo detrás de la manipulación de testigos con la que habría buscado beneficiarse.
“La administración de Trump dice que los líderes extranjeros no deberían estar sujetos al Estado de derecho si dicen cosas agradables sobre Trump. @SecRubio Es un grave error apoyar la impunidad de un hombre fuerte que rinde cuentas ante los tribunales de su propio país. Esta declaración es vergonzosa, y usted lo sabe”, señaló.
Petro pidió a Estados Unidos “no entrometerse” en la justicia
El presidente Gustavo Petro afirmó con anterioridades que el Gobierno nacional respaldaría la decisión que tomara la jueza en el juicio contra el expresidente, independientemente de si el sentido del fallo era condenatorio o absolutorio. No obstante, al evidenciar que su postura no fue la misma que adoptaron algunos políticos de Estados Unidos, se pronunció pidiendo que se abstengan de interferir en el sistema judicial colombiano.
Su comentario surgió como una respuesta específica a la Embajada de Estados Unidos en Colombia, que compartió las declaraciones de Marco Rubio en las que cuestionó el sistema de justicia del país.
“Le solicito a la embajada de EE. UU. en Colombia no entrometerse en la justicia de mi país. Decenas de jueces magistrados, fiscales han sido asesinados en su lucha contra el narcotráfico, y las relaciones del narcotráfico y el estado colombiano. Mucha valentía colombiana muriendo asesinada por ayudar a los EE. UU., para que, ahora, el gobierno de los EE. UU., venga a irrespetarla”, señaló.
Asimismo, pidió a los integrantes del aparato judicial estadounidense unirse a las voces de respaldo del sistema colombiano, que, a su juicio, está siendo “agredido” por el Gobierno norteamericano.
En el Congreso colombiano también molestó el comentario del secretario de Estado estadounidense. La representante a la Cámara Jennifer Pedraza rechazó la opinión publicada por el funcionario del país norteamericano, calificándola como una injerencia que no debe ser tolerada, teniendo en cuenta que la justicia del país actúa de manera independiente y autónoma.
“Es inadmisible la injerencia de un funcionario del Gobierno norteamericano en decisiones autónomas de la justicia colombiana. Le recuerdo, Marco Rubio, que Colombia es un país soberano, no el patio trasero de Estados Unidos”, precisó.
La Embajada de Colombia en Estados Unidos hizo lo propio, recordando que el proceso penal que se adelanta contra el exmandatario se originó en un caso que fue abordado por la Corte Suprema de Justicia en 2012 y que en 2020 fue adoptado por la justicia ordinaria.
Desde entonces, la Fiscalía General de la Nación ha estado investigando los hechos y en 2023 acusó formalmente al ex jefe de Estado, cuyo juicio inició en 2024 y derivó en el sentido del fallo ya conocido. La defensa del procesado está en su derecho de apelar la decisión.
“El poder judicial opera con plena autonomía e independencia, principios consagrados en nuestro marco constitucional y defendidos activamente por la actual administración del presidente Gustavo Petro”, se lee en el comunicado.
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