El lunes 28 de julio de 2025, la jueza 44 de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, entregó su sentido de fallo en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El exmandatario colombiano (2002-2010) fue declarado culpable por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal y absuelto por soborno a testigos, al confirmar que no hubo manera de probar la actuación.
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Durante la audiencia, la jueza validó las interceptaciones realizadas contra el exmandatario. Heredia descartó el planteamiento de la defensa, según el cual las grabaciones se habrían extendido irregularmente.
Precisó que solo se llevaron a cabo en días hábiles, entre el 12 y el 27 de marzo de 2018, y finalizaron cuando se comprobó que la línea interceptada pertenecía a Uribe. La jueza consideró que no existió una conducta dolosa, sino un error involuntario corregido con prontitud por los funcionarios encargados.
La jueza también analizó el carácter confidencial de las conversaciones entre abogado y cliente. Señaló que el secreto profesional no es un obstáculo absoluto para la acción de la justicia cuando esta busca esclarecer hechos presuntamente delictivos. De esa manera, el tribunal validó la utilización de esas grabaciones como prueba.
Además, Heredia dio validez a las grabaciones entregadas por el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, obtenidas a través de un reloj espía en la cárcel La Picota.
Argumentó que, según los peritajes realizados, dichas grabaciones resultaron confiables y sin manipulación.
No se detectaron inducciones en las conversaciones grabadas; solo reflejaron que Monsalve recibía presiones para modificar su versión ante el senador Iván Cepeda, detalló la jurista.
“No se observa en la conversación una inducción por parte de quien graba. Se limitaron a mostrar que Juan Guillermo Monsalve estaba siendo presionado para cambiar su versión ante el senador Iván Cepeda”, expresó Sandra Liliana Heredia.
Los testimonios de Cepeda —que figura como presunta víctima en el proceso—, la excompañera de Monsalve, Deyanira Gómez, y el propio Monsalve fueron avalados por la jueza, que resaltó la coherencia mantenida por los testigos a lo largo del tiempo.
Para Heredia, las pruebas aportadas no demostraron falsedad en sus relatos y sí evidenciaron intentos de confusión públicamente dirigidos a las investigaciones.
La jueza desestimó el valor de los testimonios presentados por la defensa de Uribe, entre ellos los de Óscar Monsalve y Vicky Jaramillo, señalando inconsistencias o falta de imparcialidad de quienes declararon a favor del expresidente. Advirtió además que Diego Cadena incurrió en presiones directas hacia Monsalve para que se retractara.
En una parte clave de su decisión, la jueza Heredia concluyó que Uribe, al saber que estaba siendo interceptado, habría “escenificado toda una historia para disculparse” en las conversaciones sostenidas con su exabogado.
Según el análisis judicial, persistieron dudas sobre el comportamiento del expresidente y sobre las verdaderas circunstancias de las reuniones y comunicaciones puestas a consideración en el expediente.
Qué viene ahora
La defensa del expresidente Álvaro Uribe tendrá el derecho de apelar la decisión de la jueza Sandra Liliana Heredia. El abogado Jaime Granados y su equipo tendrán cinco días hábiles para presentar el recurso luego de que la togada oficialmente dé a conocer la sentencia, la cual está programada para el viernes 1 de agosto de 2025 a las 2:00 p.m.
De ser así, el Tribunal Superior de Bogotá será la instancia que definirá si confirma la decisión de Heredia o la revoca.
El alto tribunal tendrá hasta octubre de 2025 para tomar una decisión antes de que el caso prescriba.
En caso de que el fallo sea condenatorio, el caso del expresidente Uribe podría ir a casación por solicitud de cualquiera de las partes, es decir, que la Corte Suprema de Justicia tendría cinco años para tomar una decisión definitiva.
Hace 13 años comenzó este proceso contra el exmandatario colombiano (2002-2010), que se convirtió en uno de los más complejos en la historia reciente de Colombia.
En febrero de 2012, el líder natural del Centro Democrático denunció al senador Iván Cepeda, presunta víctima en este juicio, por abuso de función pública, fraude procesal y calumnia agravada.
El expresidente Álvaro Uribe decidió denunciar a Cepeda luego de que este publicara declaraciones de Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, en las que lo señalaban a él y su hermano (Santiago Uribe) de haber auspiciado a grupos paramilitares en Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de archivar la denuncia contra el senador Cepeda, pero inició una investigación contra Álvaro Uribe, por presuntos indicios de manipulación de testigos.
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