La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) entregó un análisis detallado sobre la estrategia que evalúa la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda para gestionar la deuda pública de Colombia. El plan central consiste en contratar un crédito internacional denominado en francos suizos por un monto equivalente de hasta USD10.000 millones. El objetivo principal es reducir el costo financiero del endeudamiento y mantener la deuda pública cerca del 60% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 y 2026.
La operación se estructuraría mediante un mecanismo conocido como Total Return Swap (TRS), con una tasa cercana al 1,5% y un plazo de un año. Los recursos obtenidos se invertirían en activos de mayor retorno: bonos del Tesoro de Estados Unidos, bonos globales emitidos por Colombia en dólares y Títulos de Tesorería (TES).
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De ese modo, el Estado buscaría beneficiarse de la diferencia entre una tasa de fondeo baja y las tasas superiores de los activos adquiridos, con la expectativa de generar ahorros fiscales notables.
Al respecto, el centro de estudios económicos que preside José Ignacio López proyecta que, bajo condiciones de mercado favorables y sin una apreciación importante de monedas fuertes como el franco suizo, el ahorro podría situarse en 0,3% del PIB en 2025 y escalar hasta 0,6% en 2026.
El análisis explica que “para cubrir el haircut (el descuento aplicado sobre el valor de mercado de los bonos usados como colateral), el Gobierno recurriría tanto a la emisión de TES de corto plazo como a la caja en dólares disponible". Al mismo tiempo, se planea emitir bonos en euros y nuevos TES para recomprar títulos desvalorizados, con la meta de sustituirlos por otros que estén más cerca de su valor nominal.
Riesgos complejos de la operación
No obstante, la operación implica riesgos complejos. Los principales están relacionados con la exposición a movimientos entre el franco suizo, el dólar y el peso colombiano.
“Una apreciación del franco frente a esas monedas podría incrementar el costo de la deuda total. Tampoco se descartan escenarios donde los activos adquiridos disminuyan su valor, lo que requeriría llamadas de margen (margin calls) que demandarían garantías adicionales, dificultando la sostenibilidad fiscal y financiera”, dice.
Qué podría pasar con la deuda pública
El informe de también se refiere a la estrategia en un entorno fiscal, en especial, deteriorado. Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el déficit fiscal para 2025 se ubicará en 7,1% del PIB, pero Anif estima que, de no aplicar correctivos en el gasto, la cifra real podría acercarse a 7,8%, un nivel similar al de la pandemia del covid-19.
Así las cosas, la deuda pública podría superar el 60% del PIB al cierre del año y dejar al próximo Gobierno con un pasivo sobre el 63%.
La estrategia también impactó en los mercados locales. Solo el anuncio de la operación, según el informe, propició una apreciación inmediata del peso colombiano por la expectativa de monetización parcial del crédito. Esto genera preocupación por posibles efectos indirectos en los precios de los TES, cceso a financiamiento y la inflación.
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Presiones de gasto electoral
Para la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, el principal desafío también está en el riesgo de que cualquier ahorro logrado termine destinándose a presiones de gasto electoral o coyuntural. Por eso, entre las recomendaciones al Ministerio de Hacienda, la entidad resalta la necesidad de:
- Coordinar la estrategia con el Banco de la República para evitar choques sobre la política monetaria.
- Aislar fiscalmente los recursos captados.
- Fortalecer la comunicación para minimizar reacciones especulativas en los mercados.
- Evaluar alternativas menos riesgosas como canjes convencionales de deuda interna.
Finalmente, Anif insistió en que estas medidas financieras no resuelven el problema estructural de Colombia, que sigue siendo el desequilibrio fiscal. A juicio del centro de estudios, “es imprescindible avanzar en un ajuste serio en el gasto y mejorar la eficiencia de la estructura tributaria, de modo que el país pueda retornar a una senda sostenible y recupere la confianza de los inversores y de las agencias de calificación”.
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