El secretario del Interior del Tolima, Ricardo Suárez Guzmán, denunció la alarmante crisis naciente en el departamento ante la llegada de familias desplazadas por el conflicto armado, al parecer, reubicadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sin coordinación previa con las autoridades locales.
Durante una sesión extraordinaria del Comité de Justicia Transicional, el funcionario instó a que se logre la concertación requerida “sin dilaciones ni evasiones”.
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La alarma surgió a raíz de una denuncia pública de los alcaldes de los municipios de Suárez y Rovira sobre la reubicación de familias víctimas del conflicto provenientes del Catatumbo y del Cauca en sus municipios, sin que existiera concertación ni aviso por parte de la ANT. Esta situación ha generado preocupación por la capacidad institucional de los municipios y por la seguridad de las comunidades, tanto desplazadas como receptoras.
Las denuncias en Suárez y Rovira
En el caso de Suárez, la alcaldesa Consuelo Alvis relató que solo se enteraron de la llegada de 18 familias desplazadas después de que la Agencia Nacional de Tierras ya había entregado los predios. “No fuimos informados de manera oficial. Nos notificaron una vez ya estaban asentadas. Aunque no contamos con la capacidad institucional para atender adecuadamente a estas personas, debemos garantizar su protección y derechos”, declaró Alvis, según el medio.
Según Alvis, las familias fueron instaladas en la vereda Pital, en un predio de 256 hectáreas adquirido previamente por la Agencia. La falta de articulación con la alcaldía ha generado incertidumbre sobre los recursos disponibles para atender a los nuevos habitantes.
En Rovira, el alcalde Víctor Alfonso Gualtero advirtió que se contempla la llegada de familias desplazadas desde el Cauca, aunque tampoco se ha informado oficialmente qué predio o vereda se utilizará.
“Nos preocupa que no se nos haya informado qué predio será utilizado ni en qué vereda. Nuestra obligación es velar por la seguridad de todos, pero no podemos permitir que se tomen decisiones sin concertación previa, más aún cuando hay alertas por presencia de actores armados que ejercen control territorial.”, manifestó el mandatario Gualtero.
La inquietud central de los mandatarios radica en que las zonas de reubicación podrían coincidir con áreas donde operan grupos armados ilegales, lo que pondría en riesgo tanto a los desplazados como a la población local.
El antecedente más reciente se registró en el municipio de Honda, también en el norte del Tolima, donde se denunció que familias desplazadas del Catatumbo fueron instaladas sin diálogo previo con las autoridades municipales, lo que provocó reacciones similares de inconformidad y preocupación.
“El Gobierno nacional sigue desconectado del territorio. No asistió el director Nacional de Tierras a un tema tan delicado como lo es una orden judicial, y no están dadas las garantías de seguridad ni para una reubicación digna. Ya lo habíamos vivido en el municipio de Honda y de Suárez. Vemos que el Gobierno tiene un total desinterés por los derechos humanos de estas personas”, expresó el secretario del Interior del Tolima.
Frente a estas denuncias, el Comité de Justicia Transicional del Tolima convocó una sesión extraordinaria para analizar la Sentencia 0171 de 2025, que exige que todo proceso de reubicación de víctimas cumpla con criterios de dignidad, seguridad y participación.
Las autoridades regionales hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional para que se respeten los principios de concertación y coordinación institucional, con el objetivo de garantizar una integración efectiva y segura de las comunidades reubicadas. La situación se agrava por antecedentes como el de Ambalema, donde varias familias desplazadas que llegaron meses atrás decidieron abandonar la localidad ante la falta de condiciones dignas para subsistir.
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