Colombia en alerta máxima: advierten alto riesgo financiero por el que urge un ajuste inmediato en las cuentas del Gobierno

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) publicó su análisis consolidado sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025-2035 y fue claro. Concluyó que Colombia enfrenta un periodo de alto riesgo fiscal. El organismo considera que las medidas propuestas por el Ministerio de Hacienda solo contrarrestan de forma transitoria la vulnerabilidad estructural que afecta a las finanzas públicas.

En el informe técnico difundido, el Carf resaltó que la situación fiscal se convirtió en el principal factor de inestabilidad macroeconómica. El déficit del Gobierno Nacional Central alcanzó el 6,7% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024, con lo que superó en 1,1 puntos porcentuales (pp) la meta anterior. La desviación se relaciona con una caída relevante de los ingresos y un alza del gasto primario, derivada también de la utilización de reservas presupuestales acumuladas. De este modo, la deuda neta del Gobierno subió al 59,3% del PIB, lejos del ancla legal de 55% y revirtió la consolidación de 2021 a 2023.

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Para el Carf, el deterioro rompe el proceso de ajuste fiscal pospandemia y plantea dudas sobre la sostenibilidad de la deuda, aspectos que no estarían reflejados en los cálculos actuales del Ministerio de Hacienda.

Polémica por la “cláusula de escape” sin respaldo técnico

Uno de los puntos más críticos es la decisión del Gobierno de activar la cláusula de escape de la regla fiscal (norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del PIB y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB), hasta 2027, bajo el argumento de que las metas fiscales son inalcanzables por la rigidez del gasto y la imposibilidad de aumentar ingresos rápidamente. Dicha entidad reiteró que esa medida no cumple con los requisitos legales, por lo que señaló que no existe un evento extraordinario que la justifique y que la situación es resultado de una coyuntura evitable. También considera que el desequilibrio es estructural y que aplazar el ajuste fiscal puede amplificar riesgos financieros, presionar el tipo de cambio y afectar la inversión.

“El principal desbalance macroeconómico es precisamente el desequilibrio fiscal; postergar el ajuste puede incrementar aún más las primas de riesgo y reducir el bienestar de la población. Una vez activada la cláusula de escape, el análisis debe centrarse en el plan de ajuste fiscal”, sostiene el informe.

Déficit persistente y dudas sobre la viabilidad del plan oficial

El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) plantea déficits mayores al promedio de los últimos veinte años (4% del PIB), por lo que para 2025 se proyecta un déficit de 7,1% del PIB, superior al de 2024. En 2026 se prevé un 6,2% y en 2027 un 4,9%, con el inicio de un ajuste más fuerte solo a partir de 2028. Según el Comité, incluso, si se cumplen las medidas previstas, la deuda neta superaría el límite legal durante la próxima década. Por esto, aconsejó que el ajuste fiscal sea inmediato y más profundo.

Para alcanzar la meta de 2025, el ajuste debería ser de al menos $8,3 billones, debido a una sobrestimación en los ingresos tributarios. Señala que la proyección de gasto oficial, que estima una ejecución de inversión del 15%, es muy inferior al promedio histórico del 63%.

“Si el ritmo de ejecución se mantiene en línea con lo habitual, el gasto primario podría superar en hasta $18 billones lo proyectado. Y si, como en 2024, no se ejecutan todos los recursos, se acumularía nuevamente una reserva presupuestal cercana a $50 billones para 2026”, alertó.

Escenario de deuda al alza y reforma tributaria incierta

El análisis también contempla que la deuda neta del Gobierno alcanzaría un máximo histórico de 61,4% del PIB en 2025, ante un déficit primario proyectado de 2,4%. En 2026 llegaría a 63,5%, con posibilidad de una ligera reducción solo a partir de 2028. El plan del Gobierno incluye una estrategia de endeudamiento basada en instrumentos de corto plazo y mayor emisión de bonos, pero el Carf advierte que solo representa un beneficio transitorio y añade riesgos de refinanciamiento.

La hoja de ruta oficial depende de una nueva reforma tributaria en 2026 para recaudar $19,9 billones, pero el Carf no incorpora este ingreso en su escenario base, debido a la ausencia de un proyecto presentado y aprobado. Si se repite la acumulación de reservas presupuestales ($50 billones) como en 2024, el gasto de 2026 estaría bajo presión. Además, la Reforma Pensional podría agregar 0,4 puntos del PIB en gasto, si logra pasar el control constitucional.

Entre 2026 y 2036, el Carf estima ingresos promedio de 17,2% del PIB y un gasto de 24,9%, dejando una inversión pública de solo 1,8% del PIB. Para cumplir la meta de déficit y estabilizar la deuda en el ancla de 55%, el organismo calcula que el ajuste requerido sería de entre 4,3 y 4,8 puntos del PIB cada año durante los próximos diez años. Incluso, cumpliendo con la hoja de ruta oficial, la deuda cerraría 2036 en 62,8%.

El informe señala: “Estabilizar la deuda y conducirla hacia niveles prudentes requiere superávits primarios sostenidos entre 1,5% y 2% del PIB a partir de 2029”.

El Carf concluye que existen serias dudas sobre la viabilidad del plan fiscal del Gobierno y que las medidas propuestas resultan insuficientes para evitar un deterioro mayor. Aplazar el ajuste, enfatiza la entidad, puede terminar generando un costo mayor que enfrentarlo de manera decidida.