La Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio de Educación Nacional tomar medidas inmediatas para asegurar la transferencia de los recursos comprometidos para la construcción y adecuación de la sede de la Universidad Nacional en Tumaco, en el departamento de Nariño. La entidad de control reiteró la importancia de garantizar el derecho a la educación de cientos de jóvenes de la región y de salvaguardar los recursos públicos destinados a este proyecto.
De acuerdo con la información difundida por la Procuraduría, la iniciativa contempla una inversión superior a los 140 mil millones de pesos y se proyecta como una obra estratégica para ampliar la cobertura educativa en el suroccidente del país. Según lo establecido en la planeación de la primera fase, el Ministerio de Educación asumiría el 55% del costo total, mientras que la Universidad Nacional de Colombia cubriría el 45% restante.
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“En defensa del derecho a la educación y de los estudiantes y con el propósito de proteger los recursos públicos, el Procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, hizo un llamado al Ministerio de Educación para que cumpla con el giro de los recursos que permitan dar continuidad a las obras de la sede de la Universidad Nacional en Tumaco (Nariño)”, se lee en una comunicación oficial en el sitio web del Ministerio Público.
En el texto hace una acotación especial con que busca que se le dé más prioridad a este tema: Anuncios hechos desde esta cartera no se han hecho efectivos.
No obstante, hasta la fecha los desembolsos prometidos por el Ministerio no se han materializado, situación que ha generado inquietud entre las autoridades de control y vigilancia. En ese contexto, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública advirtió sobre la necesidad de garantizar la disponibilidad y ejecución de los recursos, tanto para la fase inicial como para las etapas posteriores del proyecto.
La sede de la Universidad Nacional en Tumaco está diseñada para beneficiar a más de 1.100 estudiantes y se considera clave para el desarrollo social y económico de la región, históricamente golpeada por fenómenos de violencia y desigualdad. Para la Procuraduría, el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional es fundamental para evitar retrasos y garantizar que la infraestructura educativa se concrete en los tiempos previstos.
“Este proyecto, con una inversión estimada en más de 140 mil millones de pesos,beneficiaría a más de 1.100 estudiantes.En su fase 1 se contempla que el 55 % de la financiación la realice el Ministerio de Educación Nacional y el45 % restante, la Universidad Nacional de Colombia”, se añade en el texto de la Procuraduría.
El jefe del Ministerio Público, Gregorio Eljach Pacheco, reiteró la posición de la entidad en defensa de los derechos fundamentales de los estudiantes y enfatizó la responsabilidad del Estado de cumplir con los cronogramas y compromisos presupuestales acordados. En esa línea, la Procuraduría recordó que mantendrá el seguimiento preventivo a este proceso, con el fin de verificar que se respete la destinación de los recursos y se avance de manera efectiva en la construcción de la sede.
Este proyecto universitario forma parte de los esfuerzos institucionales para ampliar la oferta de educación superior en zonas apartadas del país, contribuyendo a cerrar brechas y brindar nuevas oportunidades a comunidades que históricamente han enfrentado limitaciones de acceso a programas académicos de calidad.
“Ante los hechos, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública pidió a las entidades competentes la efectividad de los recursos que permitan avanzar con la ejecución de la Fase I y II del proyecto, el cual resulta de la mayor importancia para el desarrollo educativo de los jóvenes de la región", concluye el ente de control.
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