Tres guardas de seguridad sufrieron heridas de consideración por explosivos en un violento ataque reportado en horas de la madrugada del miércoles 23 de julio, en la mina de Buriticá, ubicada en un sector conocido como Higabra.
Los afectados recibieron atención médica inmediata, con lesiones principalmente en el rostro, mientras la Unidad Nacional Contra la Minería Ilegal de la Policía Nacional intervino en el lugar para restablecer la seguridad y permitir la reanudación de las actividades extractivas.
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Según denunció el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el objetivo de los agresores era apoderarse de la subestación eléctrica principal de la empresa que opera legalmente la mina.
“Los criminales están desesperados, tienen el propósito de tomarse el sector donde se encuentra la subestación eléctrica principal de la empresa, lo cual afectaría la operación legal (...) Estamos tratando con los peores delincuentes, no con angelitos, a estos bandidos hay que combatirlos con todas las capacidades de nuestras Fuerzas y de la ley”, escribió el mandatario departamental en su cuenta de X.
La declaración del Rendón da muestra de la delicada situación en el que se considera el proyecto subterráneo más grande de Colombia, en el que la disputa por el control de este enclave minero ha escalado a niveles alarmantes, pese a los esfuerzos de las autoridades por restablecer el orden y la legalidad.
La violencia en Buriticá no es un fenómeno aislado. A pesar de que las autoridades lograron recuperar por completo un túnel que estaba bajo control del Clan del Golfo, los hechos violentos persisten, lo que evidencia la complejidad de la disputa. La guerra subterránea ha incluido el uso de cilindros bomba, mercurio, atentados con explosivos y armas largas, según recopiló Blu Radio.
Estos ataques han tenido como blanco tanto al personal de la compañía como a la fuerza pública, como parte de las operaciones de control que buscan frenar la minería ilegal y garantizar la seguridad en la zona. La situación ha alcanzado tal nivel de tensión que la empresa titular del derecho minero anunció la adopción de acciones legales internacionales contra el Estado colombiano.
La compañía argumenta que el Estado, responsable de asegurar las condiciones mínimas de seguridad para la explotación minera, no ha cumplido con su deber, lo que ha puesto en riesgo tanto a sus empleados como a la continuidad de sus operaciones. La Procuraduría también ha intervenido, solicitando informes detallados sobre las medidas de seguridad implementadas para evitar que la problemática se agrave.
La exigencia de información busca determinar si las acciones adoptadas por las autoridades han sido suficientes o si se requieren estrategias adicionales para contener la escalada de violencia y proteger tanto a los trabajadores como a la infraestructura crítica del proyecto. La mina de Buriticá se ha convertido en un escenario de confrontación directa entre organizaciones criminales y el Estado, con la legalidad y la seguridad de la industria extractiva en juego.
Otro ataque contra la misma mina en enero
Cabe destacar que el viernes 17 de enero de 2025, a las 2:47 a. m., un grupo vinculado a la minería ilegal irrumpió de forma violenta en las instalaciones subterráneas de la mina de oro Buriticá, ubicada en el municipio homónimo.
Apenas media hora después, a las 3:18 a. m., los atacantes lanzaron bombas de fabricación casera de alto poder contra la infraestructura crítica del complejo, según detalló en un comunicado oficial Zijin-Continental Gold, la multinacional china que opera la mina.
La compañía detalló que el ataque destruyó la subestación eléctrica y dejó inutilizada la fuente de energía de respaldo, lo que obligó a la suspensión inmediata de todas las operaciones mineras.
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