Más de seiscientos pacientes del programa de atención a personas con VIH de la Nueva EPS solicitaron formalmente permanecer en la IPS Asistencia Científica de Alta Complejidad SAS, tras el anuncio de terminación del contrato de servicios asistenciales con ese prestador.
La petición, dirigida al agente interventor de la EPS, Bernardo Camacho, advierte que el cambio de entidad puede afectar la continuidad de sus tratamientos y la calidad de la atención.
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Los usuarios invocaron el derecho a la libre elección del prestador, consagrado en la Ley Estatutaria de Salud, y resaltaron que en la IPS han recibido atención “con la más alta calidad científica, humana y en beneficio de nuestra calidad de vida”.
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La información, revelada por W Radio, incluye la carta enviada por los pacientes y el comunicado oficial de la EPS, fechado el 12 de julio de 2025, en el que se oficializó la terminación del contrato para el régimen contributivo, firmado el 1 de agosto de 2008.
La medida será efectiva 60 días después de la notificación, es decir, desde el 31 de agosto de 2025.
En su comunicación, la Nueva EPS explicó que la terminación se ampara en el literal D de la cláusula séptima del contrato, que permite finalizarlo con notificación previa, y en el auto de la Superintendencia Nacional de Salud, que ordenó la toma de posesión de la entidad y su intervención forzosa administrativa.
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La supervisión del cierre fue asignada a la Gerencia Regional de Salud Centro, liderada por la doctora Clemencia Elvira Vargas Díaz.
Los pacientes con VIH reaccionaron enviando un derecho de petición con copia a la Procuraduría, Contraloría, Personería de Bogotá y la Superintendencia Nacional de Salud, solicitando explícitamente no ser trasladados de la IPS.
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Su preocupación central es que el cambio de prestador interrumpa la entrega de medicamentos antirretrovirales, afecte el seguimiento clínico especializado y rompa la relación de confianza con los profesionales de la salud que han acompañado sus procesos.
Hasta ahora, la Nueva EPS no ha informado qué entidad asumirá la atención de estas personas después del 31 de agosto, lo que mantiene un ambiente de incertidumbre entre los pacientes.
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Organizaciones de usuarios y defensores de derechos humanos han solicitado a las autoridades de control revisar la decisión y garantizar que no se vulneren derechos fundamentales de esta población, que requiere una atención estable, integral y de calidad.
Intervención de Nueva EPS y auditoría forense
El contexto de esta decisión contractual está directamente relacionado con el proceso de intervención administrativa de la Nueva EPS, ordenado por la Superintendencia Nacional de Salud en 2024.
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La medida busca garantizar la continuidad de la atención y la estabilidad financiera de la entidad, que es la EPS con mayor número de afiliados en Colombia, con más de 11 millones de usuarios.
Durante una reunión con directivos de la EPS, el superintendente Giovanny Rubiano García señaló que el sistema de salud colombiano arrastra deudas estructurales acumuladas durante más de 15 años, derivadas de un modelo que privilegia los servicios de alto costo mientras la atención primaria permanece debilitada.
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“El 80 % de las enfermedades se puede contener desde el primer nivel de atención. Si no fortalecemos ese nivel, todo el peso recae sobre el tercer nivel, el más costoso y complejo, y eso vuelve insostenible cualquier sistema de salud en el mundo”, advirtió.
La Superintendencia también anunció el inicio de una auditoría forense sobre los estados financieros de Nueva EPS correspondientes al periodo 2019-2025, a cargo de una firma internacional especializada.
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El objetivo es esclarecer inconsistencias contables, revisar pagos a redes propias —un esquema de integración vertical que, según el superintendente, ha afectado a hospitales públicos y a otras IPS independientes— y fortalecer la trazabilidad de los recursos.
Los estados financieros de 2023 ya fueron certificados y están pendientes de dictamen por parte de la contraloría interna de la entidad, con la expectativa de que sus resultados se publiquen a finales de julio.
Se espera que la auditoría permita no solo depurar cifras, sino también rediseñar los mecanismos de control y contratación de servicios, buscando mayor transparencia en el uso de los fondos públicos.
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