
La revisión de millonarios recursos destinados a ciencia, tecnología e innovación quedó en pausa tras una solicitud de la Procuraduría General de la Nación, que pidió aplazar las decisiones de fondo sobre proyectos financiados con regalías. La petición se conoció antes de la sesión 74 del Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación (OCAD CTeI), programado para el último día del periodo presidencial del Gobierno de Gustavo Petro.
El organismo de control no solicitó cancelar la reunión prevista para el 6 de agosto ni pidió detener completamente el trámite de las iniciativas. Su planteamiento busca que el encuentro tenga un carácter informativo y deliberativo, mientras las determinaciones definitivas sobre los proyectos sean trasladadas a una nueva sesión del órgano colegiado. La solicitud fue presentada mediante un exhorto preventivo dirigido a la Presidencia y a la Secretaría Técnica del OCAD CTeI, instancia encargada de estudiar y aprobar los proyectos que buscan financiación con recursos del Sistema General de Regalías.
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La Procuraduría explicó que requiere más tiempo para analizar la conveniencia, la viabilidad, el alcance y el impacto de las propuestas incluidas en la agenda. Para el Ministerio Público, el monto involucrado y la importancia de las decisiones previstas requieren una revisión más amplia antes de comprometer los recursos públicos.
El llamado está relacionado con las convocatorias 44, 45 y 50, que serían evaluadas durante la sesión del órgano colegiado. Según la entidad, los integrantes del OCAD pueden conocer la información disponible, intercambiar observaciones y avanzar en la discusión, pero sin adoptar decisiones definitivas sobre las iniciativas. “Se solicita que esta tenga un carácter deliberativo e informativo y que los asuntos incluidos en el orden del día como puntos de decisión sean aplazados para una nueva sesión”, precisó la Procuraduría en la comunicación enviada a las autoridades encargadas de la reunión.
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El documento fue emitido el 5 de agosto por la Procuraduría Delegada para el Seguimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías, un día antes del encuentro número 74 del OCAD CTeI y del cierre del periodo presidencial. “Se exhorta respetuosamente a reconsiderar las decisiones previstas para la Sesión No. 74 del Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación”, señaló el organismo de control en la solicitud dirigida a los responsables de organizar la sesión.

La Procuraduría aclaró que su intervención no representa una orden judicial ni implica una suspensión obligatoria de la reunión. La decisión final sobre la agenda establecida estará en manos de la Presidencia y la Secretaría Técnica del OCAD, que deberán definir si mantienen el cronograma previsto o aceptan la solicitud de aplazamiento.
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El Ministerio Público fundamentó su actuación en las funciones constitucionales que tiene para vigilar el cumplimiento de las normas y supervisar que las entidades públicas desarrollen sus labores de manera diligente y eficiente, especialmente cuando están involucrados recursos estatales de una magnitud cercana a los $900.000 millones.
Según la entidad, los proyectos incluidos en las convocatorias tienen una relevancia social, técnica, administrativa y financiera que exige una evaluación detallada. La Procuraduría indicó que las decisiones del OCAD CTeI pueden influir en programas de investigación, fortalecimiento de capacidades regionales y soluciones relacionadas con necesidades productivas y sociales.

Los recursos analizados hacen parte del Sistema General de Regalías, mecanismo que distribuye ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables para financiar inversiones en diferentes regiones del país, entre ellas las relacionadas con ciencia, tecnología e innovación. Dentro de este sistema, los OCAD tienen la responsabilidad de evaluar, viabilizar, priorizar y aprobar proyectos que buscan recibir financiación. Por esa razón, la Procuraduría señaló que estas decisiones deben contar con suficiente deliberación, transparencia y conocimiento sobre las características de cada propuesta.
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El organismo de control no señaló irregularidades específicas en las iniciativas ni afirmó que los proyectos fueran inviables. Su solicitud está enfocada en ampliar el tiempo de análisis y garantizar las condiciones necesarias antes de tomar decisiones sobre recursos públicos cercanos a los $900.000 millones.
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