El Gobierno de Gustavo Petro alista la presentación de su tercera reforma tributaria ante la Cámara de Representantes, una propuesta que busca recaudar cerca de $19 billones y que cuenta con el respaldo de un amplio sector político, incluyendo parlamentarios de La U, Liberal, Alianza Verde, Conservador y el Pacto Histórico.
El proyecto incorporará modificaciones en el impuesto de renta, descuentos para morosos de impuestos y multas, alivios en sanciones, novedades para el sector del turismo y estímulos para la renovación del parque automotor, entre otras medidas.
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La nueva reforma tributaria no surge exclusivamente del Ejecutivo, sino de un bloque multipartidista.
Ocho representantes de diversos partidos, entre ellos, Álvaro Henry Monedero Rivera, Olga Lucía Velásquez Nieto, Ángela María Vergara González, Wilmer Castellanos Hernández, Julián Peinado Ramírez, Elkin Rodolfo Ospina Ospina y Saray Robayo Bechara, respaldan el texto, lo que podría facilitar su tránsito legislativo.
Uno de los ejes del proyecto es la reducción transitoria de sanciones e intereses con la Dian para obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias y parafiscales pendientes al 31 de diciembre de 2024.
Los contribuyentes podrán beneficiarse de un descuento de hasta el 80% en estos conceptos si pagan o acuerdan el pago antes del 30 de junio de 2025.
En los procesos ante la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), habrá una reducción de sanciones y una tasa de interés moratoria preferencial para aquellos casos motivados o agravados por la pandemia de Covid-19.
Las sanciones en firme se reducirán al 10% y la tasa de interés moratoria se calculará al 10% de la tasa bancaria corriente para créditos de consumo y ordinario, certificada por la Superintendencia Financiera.
El proyecto también propone medidas especiales por única vez para facilitar la normalización de las obligaciones por infracciones de tránsito y pagos de impuesto vehicular.
Los infractores que tengan deudas, estén en proceso de pago o hayan incumplido acuerdos, podrán acogerse a un descuento del 50% del total de la multa y del 100% de los intereses, siempre que realicen un curso sobre normas de tránsito avalado por el Runt. El plazo para acogerse a este beneficio será de seis meses desde la entrada en vigencia de la ley.
Respecto al impuesto vehicular, los deudores podrán obtener un descuento del 80% en sanciones y en intereses calculados con la tasa bancaria corriente, siempre que paguen la totalidad del impuesto adeudado dentro del mismo plazo.
Para quienes dejaron de ser propietarios de un vehículo hace dos años o más, sin completar el traspaso, el proyecto contempla beneficios adicionales: exoneración total de sanciones e intereses y un descuento del 50% sobre el valor del impuesto, siempre que se acredite la pérdida de la posesión mediante declaración juramentada.
El paquete de medidas tributarias incluye la exclusión del IVA a los servicios hoteleros ofrecidos en municipios con menos de 200.000 habitantes durante los cuatro años siguientes a la entrada en vigor de la ley. Esto busca estimular el turismo en regiones intermedias y pequeñas del país.
En relación con el parque automotor, se otorgará una exención de IVA por una sola vez a pequeños transportadores que renueven hasta dos vehículos, con la condición de que estos sean tecnologías menos contaminantes o eléctricas. El plazo para acceder a este beneficio se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2029.
Los proyectos de energías no convencionales también serán cobijados. El articulado prevé la exención de IVA para bienes y servicios dirigidos a proyectos Fnce y gestión eficiente de energía, ajustando la Ley 1715 de 2014 para ampliar el uso de energías limpias.
La propuesta también incluye una modificación al artículo 240 del Estatuto Tributario, estableciendo una tarifa general del impuesto de renta del 30%. Además, se crea una tasa mínima de tributación: los contribuyentes deberán pagar al menos el 20% sobre su utilidad depurada, según la metodología definida en el mismo estatuto.
El texto del proyecto contempla cambios graduales en el impuesto al consumo para el sector gastronómico. En 2025, la tarifa será del 4%; en 2026, aumentará a 5%; y desde 2027, quedará en el 6%. Esta modificación impactará a miles de restaurantes, especialmente los pequeños y medianos negocios, que venían pidiendo ajustes tributarios para su reactivación.
Con la radicación de este proyecto ante la Cámara de Representantes, el Gobierno enfrenta uno de los principales retos fiscales del año. El recaudo estimado de $19 billones será clave para financiar políticas sociales y ampliar la cobertura de programas gubernamentales.
El respaldo de varias bancadas políticas podría significar un trámite menos complejo que los intentos iniciales del Ejecutivo en materia tributaria, pero no se descartan debates intensos sobre las implicaciones de cada medida.
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