Congresistas estadounidenses se sumaron a las críticas en Washington sobre seguridad y narcotráfico en Colombia: “Hay preocupaciones con el actual gobierno”

El ambiente en el Congreso de Estados Unidos se ha tornado tenso en torno al futuro de la cooperación con Colombia, en medio de advertencias sobre la seguridad, el narcotráfico y polémicas internas en el país suramericano.

Las manifestaciones recientes de legisladores demócratas y republicanos han puesto el foco sobre los desafíos persistentes en la relación bilateral, especialmente mientras se debate una posible reducción de los recursos para el país.

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El congresista demócrata Adriano Espaillat, representante del distrito 13 de Nueva York y miembro del influyente Comité de Asignaciones, se refirió en las últimas horas a las preocupaciones compartidas por sus colegas republicanos sobre la situación de seguridad en Colombia.

Según Espaillat, el actual contexto en el país “debe discutirse y mitigarse”, haciendo eco de los temores sobre la estabilidad institucional, el narcotráfico y la confianza en las políticas públicas implementadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Hay preocupaciones en Colombia con el actual gobierno que se deben discutir y mitigar. Por tal razón, hay personas que han levantado este tipo de quejas”, declaró Espaillat, sumándose a un discurso transversal en la Cámara de Representantes que ha impulsado varias iniciativas para condicionar o recortar la ayuda a Colombia.

El legislador resaltó su inquietud por el atentado sufrido por un candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, episodio que reavivó el temor sobre la seguridad de los líderes políticos y el poder de renovación de las instituciones democráticas.

A esto se suma la incertidumbre sobre la estrategia nacional antidrogas y el control de los cultivos ilícitos, asuntos de alto impacto para Estados Unidos debido al tráfico de cocaína y sus repercusiones en la sociedad norteamericana.

“Vimos con preocupación el atentado en contra de un candidato presidencial. También nos preocupa la actitud o la opinión sobre el tema de la emergente de narcotráfico y lo que tiene que ver con la política pública del país con la cocaína, ya que tiene un impacto directo en nuestra sociedad”, sostuvo.

Las declaraciones de Espaillat reflejan la tensión que ha caracterizado los debates recientes en el Congreso estadounidense sobre Colombia, una nación históricamente considerada aliada clave en Sudamérica, pero percibida ahora bajo una óptica de mayor escepticismo por segmentos del poder legislativo en Washington.

El bloque republicano ha sido especialmente crítico. El congresista Mario Díaz-Balart, figura relevante en el Comité de Asignaciones y conocido por liderar posiciones de presión frente a gobiernos de América Latina, ha demandado acciones más contundentes contra el narcotráfico y la corrupción. Sus advertencias recientes incluyeron una alusión directa a denuncias de consumo de drogas en “las más altas esferas del gobierno colombiano”.

Espaillat, en reacción a esta acusación, expresó conocer las alegaciones que circularon en meses anteriores sobre presunto consumo de estupefacientes por parte de funcionarios del Ejecutivo, un escándalo público avivado por afirmaciones del excanciller colombiano Álvaro Leyva.

Sin embargo, matizó las versiones más tajantes e hizo énfasis en la falta de pruebas concretas: “Conozco las alegaciones (que surgen por denuncias del excanciller Álvaro Leyva en meses pasados) pero no tengo evidencias de las acusaciones sobre el consumo de estupefacientes por parte del presidente Gustavo Petro”.

Este señalamiento se produce en un contexto de polarización interna y presión internacional sobre el Gobierno colombiano, que busca equilibrar sus promesas de cambio social y económico, con las demandas tradicionales de Estados Unidos en materia de seguridad y erradicación de cultivos ilícitos.

Desde el Capitolio, el debate sobre el futuro de la cooperación bilateral y la magnitud de los recursos asignados a Colombia se encuentra en una fase decisiva.

El proyecto de presupuesto impulsado por el Comité de Asignaciones propone recortes que, según legisladores de ambos partidos, buscan ejercer presión para que Bogotá adopte posiciones más alineadas con las prioridades de Washington.

Por su parte, el congresista demócrata Henry Cuéllar, uno de los co-presidentes del Colombian Caucus junto a Díaz-Balart, expresó su respaldo a la reducción de fondos y pidió un esfuerzo conjunto para que Colombia fortalezca sus compromisos antidrogas y de cooperación. Sin embargo, subrayó el carácter progresivo de las decisiones y la voluntad de mantener una relación sólida que permita avanzar hacia los objetivos compartidos.

“Queremos apoyar, vamos a apoyar a Colombia por muchos años. Yo y Mario Díaz, la verdad, somos el co-chair del Colombian Caucus. Es que hemos apoyado, pero necesitamos, con todo respeto, líderes que estén con los Estados Unidos y que tomen pasos para bajar el uso de drogas. Nosotros necesitamos que hagamos la parte, pero todos necesitamos hacer la parte. El dinero para el militar, ahí está. Se recortaron otros, pero esperamos que sea un proceso. Ese es el primer paso, pero yo estoy con Mario Díaz en esa posición ” (sic), comentó Cuéllar.

Además, el congresista demócrata reiteró que los recortes aprobados representan una etapa inicial en el proceso legislativo y anunció su intención de trabajar de la mano con su copresidente Díaz-Balart para vigilar la implementación de las nuevas disposiciones y mantener el diálogo en curso con el gobierno colombiano.

“Hay unos recortes, como digo, es el primer paso. Yo voy a estar trabajando con el co-chair, con Mario Díaz. Yo voy a estar trabajando con él”, reiteró Cuéllar.

El debate sobre la reducción de ayuda externa a Colombia, sumado a los cuestionamientos públicos sobre la seguridad y el combate al narcotráfico, marca un punto de inflexión en la relación entre ambos países.

Mientras se acerca la votación final sobre el presupuesto y las prioridades de la política exterior de Estados Unidos, las autoridades colombianas y estadounidenses enfrentan el desafío de reconstruir la confianza y redefinir los términos de su cooperación estratégica ante retos compartidos y tensiones crecientes.