Grave déficit en la fuerza pública: Procuraduría alertó que faltan $490.000 millones para gastos esenciales como dotaciones

La Procuraduría General de la Nación reveló que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional enfrentan un déficit presupuestal crítico que podría comprometer el funcionamiento básico del sector defensa en Colombia. De acuerdo con un informe conocido por Noticias RCN, el Ministerio de Defensa tiene un faltante superior al billón de pesos, del cual $847.000 millones corresponden a las Fuerzas Militares y $221.000 millones a la Policía Nacional.

El hallazgo más preocupante, según el documento fechado el 21 de julio y firmado por las delegadas para la Función Pública y para las Fuerzas Militares, es que actualmente faltan más de $490.00 millones para cubrir gastos prioritarios como el pago de servicios públicos, mantenimiento de equipos, dotaciones, horas de vuelo y atención a emergencias coyunturales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Riesgo de colapso en la operatividad

La Procuraduría alertó que la escasez de recursos ya está afectando directamente la operatividad de las instituciones encargadas de la seguridad y defensa del país. Incluso, advirtió que “ni siquiera con la totalidad del presupuesto congelado se lograría atender todas las necesidades del sector”.

El déficit compromete desde operaciones aéreas hasta el mantenimiento de instalaciones militares a lo largo del territorio nacional. Uno de los datos más delicados es el déficit que reportó la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), que asciende a $228.127 millones.

Con el presupuesto asignado para la vigencia 2025, la FAC solo podría operar 31.194 de las 50.137 horas de vuelo programadas, lo que afectaría gravemente las misiones estratégicas, incluyendo operaciones en zonas críticas como el Catatumbo, donde se decretó una Conmoción Interior por el recrudecimiento del conflicto armado entre el ELN y disidencias de las Farc.

En una mesa de trabajo realizada el 26 de junio, el Ministerio de Hacienda se comprometió a liberar cerca de un billón de pesos para aliviar la crisis presupuestal. No obstante, a la fecha solo se han desembolsado $346.000 millones. Esto deja un saldo pendiente de más de $490.000 millones, cuya falta de giro, según la Procuraduría, puede derivar en un colapso funcional del sector defensa.

El ente de control también cuestionó que este compromiso parcial no responde a la totalidad de las necesidades del sector, ya que existen gastos imprevistos que agravan aún más la situación. Uno de ellos es el de los vuelos de repatriación de connacionales desde Estados Unidos, que no estaban contemplados en el presupuesto y ya superan los $40.000 millones.

La crisis también se ha intensificado por eventos no previstos en el diseño presupuestal inicial para 2025. Entre ellos, las emergencias derivadas de la reciente ola invernal, durante las cuales las Fuerzas Militares asumieron costos que correspondían a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Hasta el momento, dichos gastos no han sido reembolsados, generando un hueco adicional en el ya debilitado presupuesto.

La Procuraduría anunció que en los próximos días citará a una nueva mesa de trabajo con la Ungrd y con representantes del sector defensa para esclarecer el uso y origen de estos fondos extraordinarios.

Impacto en inteligencia, dotaciones y compra de material militar

El déficit no solo pone en riesgo las operaciones aéreas, también las actividades de inteligencia y la adquisición de material militar. Estas acciones han sido clave en la localización de cabecillas del narcotráfico y en la desarticulación de estructuras criminales, pero podrían verse suspendidas ante la falta de recursos.

A nivel logístico, el informe indica que las dotaciones básicas de los uniformados están en riesgo, así como la compra de bienes y servicios que garantizan el mínimo funcionamiento de las unidades militares y policiales.

Además, se reveló que entre el Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía se solicitó una asignación de más de $43.000 millones para este año, pero solo se aprobaron $32.000 millones, es decir, se redujo el presupuesto en más de $11.000 millones.

Frente a este panorama, la Procuraduría reiteró su llamado al Ministerio de Hacienda para que adopte medidas inmediatas que garanticen la sostenibilidad del sector defensa. A pesar de los compromisos del Ejecutivo, la falta de liquidez ya está impactando las operaciones más básicas y pone en entredicho la capacidad del Estado para proteger a los ciudadanos.

El Ministerio Público también subrayó que el presupuesto del sector ha venido disminuyendo de manera sostenida en los últimos años, afectando la inversión en proyectos estratégicos y el fortalecimiento institucional de la fuerza pública.