
Pese a los cambios recientes en la legislación laboral, Colombia aún se mantiene como uno de los países con mayor carga horaria semanal entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Así lo ratifican las últimas cifras, que sitúan al país muy por encima del promedio general del bloque, incluso después de la última reducción de jornada.
El Ministerio de Trabajo confirmó que desde el 15 de julio entró en vigor una nueva fase de la Ley 2101 de 2021, que establece una disminución gradual en las horas laborales. Esta vez, la jornada ordinaria pasó de 46 a 44 horas semanales, en un proceso que avanza hacia el objetivo de llegar a 42 horas en julio de 2026.
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La medida, que no afecta el salario ni las prestaciones de los trabajadores, hace parte de una estrategia para armonizar la normativa nacional con los estándares internacionales. Sin embargo, en el panorama global, Colombia aún destaca por su alta carga horaria. Según los datos más recientes de la Ocde, el país sigue por detrás únicamente de México (cerca de 48 horas) y Turquía (46), pero se ubica por encima de otras naciones como Chile (43), Israel (42), Portugal (40), Polonia (40) y Estados Unidos (39). El promedio general del bloque es de 37 horas.
Desde la cartera laboral se reiteró que la implementación será progresiva. En 2023 se ajustó la jornada a 47 horas; en 2024 bajó a 46; este año se redujo a 44; y finalmente, para julio de 2026, se llegará al límite fijado en 42 horas semanales. Estas reducciones se aplican automáticamente y no requieren modificaciones al contrato laboral.
No obstante, el ministerio anunció que abrirá una nueva línea de vigilancia frente a denuncias de incumplimientos, particularmente en sectores con alta carga horaria o informalidad laboral. A través de inspecciones, visitas y mecanismos de conciliación, se verificará que los empleadores respeten los nuevos topes horarios. “El ajuste de la jornada laboral es un derecho adquirido y obligatorio, no una decisión opcional para las empresas”, señalaron desde la entidad.

Este anuncio se da luego de que se conociera el caso de una trabajadora en Bogotá que, tras exigir el respeto de sus nuevas condiciones laborales, denunció haber sido retirada de su cargo. La mujer, cuyo nombre se reserva por seguridad, afirmó que la empresa para la que trabajaba se negó a aplicar la reducción horaria argumentando “necesidades del negocio”. La situación fue llevada ante el ministerio, que evalúa abrir una investigación formal por presunto despido injustificado.
Desde el sector sindical se insiste en la necesidad de fortalecer los canales de denuncia y de intensificar la pedagogía entre empleadores y empleados. “La reducción de jornada no puede convertirse en una fuente de conflicto ni en excusa para despidos. Necesitamos que las autoridades velen por el cumplimiento efectivo y sin represalias”, afirmó una vocera de la CUT.
Expertos en derecho laboral coinciden en que la reforma avanza en la dirección correcta, pero advierten que los cambios no tendrán impacto real si no se fortalecen los sistemas de control. También señalan que muchas empresas siguen utilizando mecanismos como horas extras o contratos por prestación de servicios para compensar el tiempo que ya no pueden exigir en jornada ordinaria.

En contraste, algunos gremios empresariales piden mayor flexibilidad en los tiempos de implementación, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que aseguran verse afectadas por los ajustes en su operatividad, nómina y capacidad productiva. No obstante, el ministerio reiteró que la norma es de obligatorio cumplimiento para todos los sectores, sin excepción ni prórrogas especiales.
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