Álvaro Uribe Vélez presentará denuncia contra Canal Uno por “testigos” que lo vincularían en una supuesta interferencia en un procedimiento aduanero en 2019

Por medio de una publicación en su cuenta en X, el exmandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez, afirmó que interpondrá una denuncia en contra de Canal Uno por “supuestos testigos” que lo vincularían en una interferencia en un procedimiento aduanero en 2019.

“Mañana lunes presentaré denuncia penal contra los testigos a los que refiere Noticias Uno. La justicia no puede aceptar que me nieguen los nombres y el proceso para poder ejercer las acciones a que tengo derecho alegando que son protegidos“, afirmó Uribe en su publicación.

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Álvaro Uribe Vélez también dijo en su mensaje que este tipo de información busca dañar su imagen, por lo que interpondrá la denuncia mañana lunes 21 de julio de 2025.

“Los protegen, pero filtran esa información que es de testigos totalmente falsos, solamente para afectar mi reputación”, finalizó.

Uribe reaccionó por noticia de Canal Uno

Lo anterior se da por un anuncio de Noticias Uno, medio al cual el expresidente Álvaro Uribe Vélez acusó de preparar un montaje en su contra.

En una publicación, Uribe compartió un mensaje enviado por un periodista del informativo, donde se advertía sobre una nota en preparación que lo vincularía con una supuesta interferencia en un procedimiento aduanero en 2019, a favor de una empresa textil.

“La infamia para combatirme no tiene límite. Ya Noticias Uno anuncia otro montaje”, escribió el expresidente en su cuenta oficial.

En ese mismo mensaje, sostuvo que se buscan testigos que lo acusen de intervenir, con ayuda de un mayor de la Policía, para frenar una diligencia de la Dian contra los almacenes Tierra Santa.

Uribe llamó a la ciudadanía a revisar las audiencias y el expediente disponible públicamente para verificar su versión. Reiteró que no ha tenido intención de sobornar ni de ocultar información.

“Por mi mente no ha pasado la idea de sobornar”, indicó, mientras insistía en que sus acciones han estado dentro de la legalidad y que el objetivo del proceso debe ser esclarecer los hechos sin presiones externas.

Investigación contra el exmandatario por los delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno a actuación penal

El próximo lunes 28 de julio de 2025, el Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá emitirá su decisión sobre la responsabilidad penal del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien enfrenta un juicio por los delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal.

La jueza Sandra Liliana Heredia, encargada del caso, anunció la fecha de la decisión al finalizar la audiencia de alegatos finales, celebrada el pasado 8 de julio. Si el exmandatario es hallado culpable, podría enfrentar una pena de prisión de hasta 12 años, de acuerdo con las disposiciones del Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000).

El artículo 453 establece que “el que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años...”, además de una multa y una inhabilitación para ejercer funciones públicas. Esta misma pena aplica para los delitos de soborno en actuación penal y soborno a testigos, según la normativa vigente.

El abogado penalista Francisco Bernate, quien explicó que, aunque las penas podrían acumularse si los delitos se consideran independientes, el escenario más probable sería una sentencia entre 7 y 9 años.

“Atendiendo que la persona no tiene antecedentes penales, nos vamos a ubicar en una pena entre 7 y 8 años. En Colombia, cuando la pena no supera los 9 años, es procedente la prisión domiciliaria”, señaló el jurista.

El proceso judicial contra Uribe comenzó en 2012, luego de que este denunciara al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema.

En 2018, el alto tribunal decidió no abrir investigación contra Cepeda e inició una contra el expresidente, alegando presunta manipulación de testigos.

En 2020, la Corte ordenó su detención domiciliaria, medida que perdió vigencia tras su renuncia al Senado.