Más de 122.000 familias están bajo el agua en Colombia y el Gobierno aún no gira un solo peso

Las cifras son alarmantes, más de 122.000 familias damnificadas, al menos 2.000 viviendas destruidas y 540 municipios afectados por la temporada de lluvias que golpeó al país durante el primer semestre del 2025. Y, sin embargo, a estas alturas de 2025, los recursos que el Gobierno prometió con la declaratoria de desastre nacional siguen sin materializarse.

Desde Florencia hasta Quibdó, pasando por Arauca, Yopal, Inírida, Puerto Carreño y San José del Guaviare, siete alcaldes de capitales departamentales alzaron la voz para exigirle al Gobierno que cumpla lo pactado. No es un reclamo nuevo, pero sí cada vez más urgente. “Vamos a buscar medidas jurídicas, a través de Asocapitales, para que esa declaratoria se respalde con recursos. Y hacemos un llamado al presidente, porque en muchos municipios ya se agotaron las capacidades locales para atender las emergencias y las comunidades afectadas”, advirtió Marlon Monsalve, alcalde de Florencia.

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El mandatario no está solo en su frustración. Desde San José del Guaviare, su homólogo denunció públicamente que, tras tres meses de inundaciones que calificó como “las más graves en los últimos 40 años”, no han recibido “ni una ayuda” por parte del Gobierno nacional.

La declaratoria de desastre fue anunciada a finales de noviembre de 2024 como una respuesta estructural a las crecientes emergencias climáticas. Pero, lo que parecía una decisión oportuna, se fue quedando en letra muerta. Ni los desembolsos prometidos llegaron, ni los mecanismos de ayuda se activaron a la velocidad que exige la magnitud de la crisis.

La tensión ahora crece entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Ministerio de Hacienda, entidades que no se ponen de acuerdo sobre la disponibilidad real de recursos. Carlos Carrillo, director de la Ungrd, en entrevista con El Espectador aseguró que desde diciembre de 2024 insisten en múltiples ocasiones ante Hacienda para que libere los fondos que sustentan la declaratoria. Hasta ahora, sin éxito.

“Durante la primera temporada de lluvias, hemos invertido en maquinaria amarilla y ayuda humanitaria más de $200.000 millones, pero tenemos, a la fecha, solicitudes pendientes de municipios y departamentos que requerirían más de $500.000 millones para atender la situación nacional. De este margen es la diferencia que tenemos hoy en día en el sector”, explicó Carrillo.

La brecha presupuestal preocupa especialmente porque el marco legal es claro. La Ley 1523, que regula el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo, establece que “el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, garantizará que en todo momento el Fondo Nacional cuente con recursos suficientes que permitan asegurar el apoyo a las entidades nacionales y territoriales en sus esfuerzos de conocimiento del riesgo, prevención, mitigación, respuesta y recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción”.

Pero, ese respaldo, según los gobernadores y alcaldes afectados, no está ocurriendo. En teoría, el sistema funciona de forma escalonada, primero actúan los municipios con sus propios recursos; si se ven desbordados, entran las gobernaciones; y cuando la capacidad territorial se agota, interviene el Gobierno nacional. El problema es que ese último eslabón de la cadena, el más robusto y decisivo, no está cumpliendo su función.

Departamentos como Antioquia y Chocó son especialmente golpeados. Carlos Ríos, director del Dagran (Antioquia), alertó que dos solicitudes de apoyo nacional por emergencias no fueron respondidas. Y en Chocó, donde más de 50.000 familias son afectadas en 23 municipios, el panorama es crítico. “Bajo el agua, con niños desescolarizados, peces que llegan a los centros de salud y cultivos completamente perdidos”, fue la descripción que hizo la gobernadora del departamento.

Además del colapso territorial, hay un elemento de fondo que no puede ignorarse, la actual administración de la Ungrd heredó una entidad salpicada por uno de los escándalos de corrupción más graves del gobierno Petro. Ese lastre, aunque no debería ser excusa, está afectando la confianza institucional y la capacidad operativa del organismo.

Como lo explica Emel Vega, magíster en Meteorología de la Universidad Nacional, al medio antes mencionado, las lluvias intensas que azotan al país no se deben a un fenómeno de La Niña. “La variabilidad climática está relacionada con fenómenos como el Niño o La Niña que afectan factores como la temperatura de los océanos que, a su vez, inciden en las lluvias. Esto es diferente al cambio climático, que implica una modificación a largo plazo de los patrones globales del clima”.