El presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta de X en el que aseguró que el Gobierno nacional ha pagado todos los medicamentos para enfermedades graves, de alto costo y huérfanas, pero señaló que los gestores farmacéuticos los acaparan, incrementando así las quejas de los usuarios en el país.
“Los datos muestran que el gobierno pagó todos los medicamentos de enfermedades graves, de alto costo y huérfanas, pero los gestores farmaceúticos los acaparan y por eso aumentan las quejas, es el mayor motivo de quejas de los usuarios”, se lee en el mensaje.
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Estas afirmaciones surgen en plena crisis en la entrega de medicamentos, tras la medida cautelar impuesta por la Superintendencia Nacional de Salud a Colsubsidio, uno de los principales gestores farmacéuticos del sistema de salud colombiano.
Según el mandatario, las quejas por la dificultad en el acceso a medicamentos tienen como principal causa el accionar de los gestores farmacéuticos, a quienes responsabilizó de acumular medicamentos que ya han sido pagados por el Estado.

Petro insistió en que el Gobierno sí ha cumplido con el pago de estos insumos y recalcó: “acaparan los medicamentos”.
Las declaraciones de Petro fueron publicadas poco después de que la Superintendencia Nacional de Salud anunciara oficialmente la imposición de una medida cautelar contra Colsubsidio.
Esta decisión llega en respuesta a los hallazgos de una auditoría simultánea adelantada el lunes 14 de julio en dos establecimientos de este gestor farmacéutico, empresa encargada de dispensar medicamentos a los usuarios afiliados a diversas EPS en todo el país.
La auditoría, ejecutada en el punto de dispensación Plaza Central y en el Centro de Distribución de Medicamentos (Cedi) ubicado en Funza, permitió identificar que Colsubsidio almacenaba medicamentos que figuraban como pendientes de entrega a los afiliados de las EPS Sura y Famisanar.

En el Cedi se corroboró la existencia de 27 referencias de medicamentos relacionados con el tratamiento de cáncer, artritis reumatoide, inmunosupresores, diabetes y epilepsia, entre otros.
De ese grupo, 10 medicamentos tenían existencia física comprobada, aunque continuaban estando pendientes de entrega para los usuarios reportados en Plaza Central.
Además, el informe de la Supersalud registró que en los establecimientos inspeccionados permanecían 11.855 unidades de medicamentos, todos incluidos en listados como “pendientes” para entrega a los usuarios.
El hallazgo llevó a la Superintendencia a emitir una orden administrativa a Colsubsidio, exigiendo la entrega de esos medicamentos en un período máximo de dos días hábiles desde la notificación de la decisión.
Las auditorías también arrojaron inconsistencias entre el inventario físico de ciertos medicamentos y los datos registrados en los sistemas de información, así como casos de medicamentos auditados que no tenían disponibilidad en el Cedi.
En consecuencia, la Superintendencia ordenó a Colsubsidio garantizar la entrega efectiva de los medicamentos y tecnologías en salud contratadas con Famisanar EPS, además de abstenerse de cerrar establecimientos que brinden servicio a esta EPS hasta el 1 de septiembre.

Esta medida cautelar busca asegurar que los tratamientos médicos de los afiliados no se interrumpan a causa de demoras o falencias en la entrega de medicamentos.
El problema se agravó por la decisión anunciada por Famisanar, una de las EPS de mayor tamaño en el país, intervenida por el Gobierno nacional. En la mañana del martes, la EPS comunicó la terminación, de mutuo acuerdo, de la relación contractual con Droguerías Colsubsidio como operador farmacéutico en Bogotá y varios municipios de Cundinamarca, Tolima, Meta y Boyacá.
Según Famisanar, esta decisión responde a reiterados incumplimientos de Colsubsidio en la dispensación de medicamentos, lo que ha afectado la continuidad de tratamientos médicos de miles de afiliados.
El proceso de transición se iniciará el 1 de agosto y finalizará el 1 de septiembre de 2025. A partir de esa fecha, los afiliados de Famisanar contarán con un nuevo operador farmacéutico. De acuerdo con la información suministrada, cerca de 970.000 afiliados deberán adaptarse a este cambio.
El superintendente nacional de salud, Giovanny Rubiano García, subrayó la gravedad de la situación, recordando que “la salud es un derecho fundamental y prevalece sobre cualquier razón de índole comercial, administrativa o dificultad contractual entre un gestor farmacéutico y la EPS”.
Rubiano señaló además que la falta de oportunidad en la entrega de medicamentos preocupa hoy más que la situación misma de las EPS, ya que esta problemática puede derivar en la interrupción de tratamientos médicos, especialmente entre los pacientes con enfermedades crónicas.
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