El Tribunal Administrativo de Antioquia emitió una sentencia histórica que condena al Ejército Nacional por la ejecución extrajudicial de Norberto de Jesús Isaza Guzmán, un vendedor de frutas de Medellín, asesinado en 2003 y presentado falsamente como guerrillero abatido en combate.
La decisión reconoce que esta no fue una acción aislada, sino parte de una práctica sistemática de la fuerza pública para hacer pasar civiles asesinados como bajas en combate.
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Según el fallo, el Ejército debe indemnizar a 18 familiares de Isaza Guzmán, entre ellos su madre, hermanos y sobrinos, quienes durante más de una década buscaron la verdad sobre su paradero.
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Además, se ordena al Ministerio de Justicia y al Ejército Nacional enviar una carta pública de disculpas y reconocimiento oficial firmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo; y el comandante de la Cuarta Brigada, coronel Carlos Eduardo Caycedo.
De acuerdo con El Colombiano, esta misiva será publicada en medios nacionales y locales, dejando constancia de que la víctima no pertenecía a ningún grupo armado ilegal.
El caso se remonta al 2 de julio de 2003, cuando Isaza Guzmán fue abordado en la Plaza Minorista de Medellín por cuatro hombres que le pidieron ayuda para descargar mercancía.
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Cuatro días después, su cuerpo apareció vestido con prendas militares y botas pantaneras en una supuesta vereda San Cosme, municipio de Granada, lugar donde el Ejército afirmó que había muerto en combate durante la Operación Marcial Norte.
La familia, sin embargo, encontró contradicciones en la versión oficial: no existía la vereda mencionada ni registro de enfrentamientos en la fecha señalada.
Las pruebas forenses demostraron que las heridas no correspondían a un combate, sino a un fusilamiento, y que las coordenadas del supuesto enfrentamiento señalaban una zona selvática e inaccesible.
El tribunal concluyó que Norberto de Jesús Isaza Guzmán fue engañado, sacado de Medellín y asesinado en estado de indefensión, para luego ser presentado como baja en combate.
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Durante 12 años, su familia luchó para desvirtuar la versión oficial y demostrar que Isaza Guzmán era un trabajador honesto que se ganaba la vida vendiendo frutas y realizando labores en la central de abastos de Medellín.
En 2015, su hija Claudia Milena Isaza inició acciones judiciales para exigir justicia, las cuales finalmente dieron frutos con esta sentencia que condena al Ejército y ordena medidas de reparación simbólica para la familia.
Este fallo se suma a otras condenas que evidencian la práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública, y representa un paso importante para la verdad, la justicia y la reparación en Colombia.
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JEP imputa a 39 militares por 442 falsos positivos en Antioquia
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó en febrero 2025 crímenes de guerra y de lesa humanidad a 4 generales y 35 oficiales y suboficiales de la Brigada IV del Ejército Nacional, por su responsabilidad en el asesinato y desaparición forzada de 442 personas entre 2004 y 2007 en Antioquia.
Según la magistrada Catalina Díaz, vicepresidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, estos crímenes respondieron a una política interna de “conteo de cuerpos”, implementada por la presión por resultados y la promesa de incentivos, no por una directriz oficial del Estado.
Durante seis años, esta práctica se mantuvo de forma sistemática en la Brigada IV, donde se presentaban civiles como supuestos guerrilleros muertos en combate.
En 22 casos, 41 personas fueron también víctimas de tortura física y psicológica. Las víctimas eran, en su mayoría, campesinos del Oriente antioqueño falsamente señalados de colaborar con grupos armados.
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La magistrada aclaró que la Política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe, el Plan Patriota y los manuales militares no instruían a medir el éxito en función de las bajas.
De hecho, el Plan Patriota enfatizaba que “las bajas no son lo más importante”. Sin embargo, las comunicaciones entre militares revelaron que las bajas se convirtieron en la métrica más valorada para recibir recompensas, como ascensos, felicitaciones y permisos.
Los generales retirados Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria fueron señalados como máximos responsables.
La JEP concluyó que las ejecuciones extrajudiciales no tuvieron respaldo legal ni institucional, pero sí causaron un daño profundo e irreparable a cientos de familias en Antioquia.
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